Londres.- El Tribunal Superior de Londres confirmó este miércoles que el proceso de extradición de Julian Assange proseguirá el 20 de mayo después de que Estados Unidos haya presentado la información que se le requirió en forma de garantías sobre su tratamiento en ese país.

Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson indicaron en una orden judicial que, habiéndose recibido el martes esa documentación pendiente, se programa para el día 20 una audiencia de dos horas en la que podrán ser examinadas esas garantías, que el equipo de Assange ya ha condenado por insuficientes.

Si el tribunal las da finalmente por buenas tras escuchar los alegatos de las partes, Assange podrá ser extraditado a EU, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks.

Si en cambio las rechaza, el australiano de 52 años podrá recurrir en otro proceso judicial su entrega -aprobada por el Gobierno británico en 2022- en base solo a esos tres puntos, después de que la corte descartara el 26 de marzo el resto de sus argumentos.

Washington tenía hasta el 16 de abril para ofrecer garantías satisfactorias en tres aspectos.

En primer lugar, que, de ser extraditado, le garantizará, pese a ser extranjero, poder alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

Los magistrados también pidieron confirmación de que no se verá perjudicado en un eventual juicio por su nacionalidad y que no se le impondrá la pena de muerte, prohibida en el Reino Unido.

La esposa del fundador de Wikileaks, Stella Assange, considera estas garantías vacías y que son una forma de “escabullirse” de la cuestión sin un compromiso explícito sobre nada. En la práctica, la formalidad completada por Washington sitúa a Assange un paso más cerca del avión que lo extradiría.

Las garantías ofrecidas, de una muy calculada ambigüedad, implican que el acusado podría llegar a solicitar acogerse al derecho a la libertad de expresión que recoge la Primera Enmienda de la Constitución y que no existe ninguna posibilidad de que se presenten nuevos cargos que supusieran una potencial sentencia de muerte.

De acuerdo con el texto enviado al tribunal, Assange “tendrá la capacidad de plantear e intentar confiar en los derechos y protecciones concedidas en el juicio en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, pero se reconoce que la decisión sobre “la aplicabilidad de la Primera Enmienda es exclusivamente competencia de los tribunales de Estados Unidos“, no del gobierno.

En el caso de la pena capital, el escrito sostiene que “las garantías son vinculantes para todas las personas presentes o posteriores a las que se ha delegado la autoridad para decidir los asuntos”, y sostiene también que ni se pediría ni se le impondría la pena de muerte, prohibida en el Reino Unido. Pero dejar al arbitrio del hipotético tribunal estadounidense que le juzgara si tiene o no derecho a acogerse a la Primera Enmienda no satisface las expectativas de la defensa.

 Con información de EFE