Ciudad de México.- El gobierno de Donald Trump confirmó el uso de un nuevo y ampliado conjunto de herramientas de inteligencia y operaciones para combatir a los cárteles mexicanos, a los que considera organizaciones narcoterroristas responsables de librar una “guerra química” contra la población estadounidense.

La revelación quedó plasmada en el informe Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en el que la administración Trump detalla el despliegue de acciones encubiertas, intervención de comunicaciones internacionales, órdenes de cateo y operaciones de precisión coordinadas por las llamadas Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), grupos interinstitucionales que concentran los recursos operativos e de inteligencia de agencias civiles y militares bajo un solo Centro Nacional de Coordinación.

El caso que lo inició todo

Como primer ejemplo de este nuevo modelo, el informe señala el caso de María del Rosario Navarro Sánchez, detenida en mayo de 2025 en Magdalena, Jalisco, bajo sospecha de ser una importante abastecedora de armas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Posteriormente fue extraditada y procesada en una corte federal de Texas.

La operación que derivó en su arresto incluyó intervención de comunicaciones, operaciones encubiertas e interceptaciones internacionales, y resultó en el desmantelamiento de un túnel altamente sofisticado que conectaba El Paso, Texas con Ciudad Juárez. El operativo también permitió asegurar 87 kilos de cocaína, 142 de metanfetamina, 13 de fentanilo, nueve de heroína, 357 mil dólares en efectivo y 74 armas.

Una guerra, no un problema de seguridad pública

El informe abandona el enfoque tradicional de combate al narcotráfico desde la óptica de seguridad pública y lo reencuadra explícitamente como un estado de guerra. El tráfico de fentanilo es equiparado a un ataque químico contra los estadounidenses, y la Orden Ejecutiva 14367 firmada por Trump designa formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

“Los días de presidentes débiles que toleraban un ataque químico contra los Estados Unidos han terminado”, señala el propio Trump en la introducción del reporte.

Bajo este paradigma, el gobierno estadounidense se reserva el derecho de llevar la ofensiva contra los cárteles más allá de sus fronteras, haciendo uso de todas las herramientas disponibles en su arsenal civil y militar.

Los cárteles mexicanos, enemigo público número uno

El informe identifica a los cárteles mexicanos como la mayor amenaza en materia de distribución de drogas, acusándolos de controlar redes globales que abarcan desde la adquisición de precursores químicos —principalmente provenientes de China e India— hasta la producción en México y el contrabando hacia Estados Unidos.

El documento advierte además sobre la expansión de estos grupos hacia Canadá, donde se han detectado laboratorios de producción de fentanilo y otras drogas sintéticas vinculados al Cártel de Sinaloa y al CJNG.

Colaboración con México, pero con condiciones

El reporte reconoce el trabajo conjunto con México en materia de seguridad, aunque deja en claro que cualquier asistencia estará condicionada a resultados concretos: arrestos, procesos judiciales y extradiciones de líderes de organizaciones designadas como terroristas, así como el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas.

En cuanto al flujo de armas hacia los cárteles, el informe reconoce su papel clave en el empoderamiento de estos grupos y anuncia estrategias para cortar esas líneas de suministro, aunque puntualiza que dichas medidas no afectarán los derechos de los ciudadanos estadounidenses protegidos por la Segunda Enmienda.