Nacional

Publicado el viernes, 24 de octubre del 2025 a las 21:32
Guanajuato.– El exprocurador de Justicia de Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria, lanzó una severa crítica al modelo de seguridad “Confía” implementado por el gobierno estatal, advirtiendo que los 271 millones de pesos reportados como aseguramientos en su primer año de operación representan un impacto mínimo frente al poder financiero del crimen organizado en la entidad.
Alcántara Soria puso en perspectiva la cifra de decomisos con el costo anual del delito, citando datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.
Según la ENVIPE, el costo promedio del delito por persona en Guanajuato asciende a $5,360 pesos, lo que se traduce en una afectación anual estimada de más de $30 mil millones de pesos derivada de actividades ilícitas.
” Afectar con solo 272 millones de pesos a las arcas criminales es un resultado muy pobre,” expresó el exfuncionario. Afirmó que solo cuando los aseguramientos alcancen “siquiera el 10% de esos importes,” se podrá considerar que el estado va por una ruta adecuada.
El especialista subrayó que el verdadero debilitamiento de las estructuras criminales requiere de procesos sólidos de extinción de dominio, aseguramiento de bienes y la pérdida de propiedades o empresas vinculadas al crimen.
Alcántara Soria también cuestionó el optimismo de las autoridades al presentar como avances las reducciones en los homicidios dolosos mediante comparaciones mensuales.
Si bien el informe de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó una baja en homicidios y un aumento en decomisos ante los mandatarios de la región Occidente, el exprocurador apuntó que el narcomenudeo se ha incrementado y que delitos como la extorsión y el secuestro no han sido abordados con la misma apertura y rigor.
” Estamos muy lejos de recuperar los niveles tolerables de violencia y delincuencia que tuvimos hasta 2014,” sentenció, insistiendo en que el modelo “Confía” debe fortalecerse con estrategias enfocadas directamente a golpear las finanzas del crimen organizado y con mecanismos de evaluación objetivos y anuales.
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