Ciudad de México.– El Senado de la República elevó el tono frente al Gobierno de Chihuahua tras la polémica participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos locales. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), advirtió que la soberanía nacional “no admite interpretaciones creativas” y exigió a la gobernadora Maru Campos acreditar la legalidad de dichas actuaciones con documentación oficial.

Soberanía bajo la lupa

La controversia surge tras un operativo de seguridad en territorio chihuahuense donde se reportó la intervención —y presunto fallecimiento— de agentes extranjeros. Para el liderazgo de Morena en la Cámara Alta, el caso ha dejado de ser un asunto de percepción para convertirse en una cuestión de estricta legalidad.

Mier Velazco enfatizó que es indispensable esclarecer tres puntos fundamentales:

1. ¿Contaban los agentes con autorización expresa del Gobierno Federal?

2. ¿Cuál fue el alcance real de su participación en el terreno?

3. ¿Bajo qué mando institucional operaron durante la diligencia?

” “Cuando una autoridad actúa legalmente acredita la cadena de mando; cuando dice la verdad no cambia la versión cada 24 horas”, sentenció el coordinador parlamentario.

Interrogantes en el Pleno

Por su parte, el senador por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, insistió en que la invitación a comparecer el próximo martes no es un ataque personal, sino una responsabilidad constitucional. Cuestionó el fundamento legal que permitió a los agentes extranjeros operar en el estado, subrayando que la seguridad pública es una función exclusiva del Estado mexicano según el artículo 21 constitucional.

Huerta rechazó que la soberanía nacional pueda considerarse un “daño colateral” de estrategias de propaganda local.

” “Este tema no se puede esconder detrás de un boletín; estamos ante un asunto de seguridad nacional que le compete analizar directamente al Senado”, afirmó.

El marco constitucional en disputa

El Senado fundamenta su intervención en las facultades que le otorga el artículo 76 constitucional para analizar la política exterior, en concordancia con el artículo 89, que reserva al Ejecutivo Federal la preservación de la seguridad nacional.

Mientras la gobernadora Maru Campos y el fiscal César Jáuregui son esperados en la Cámara Alta, el debate se centra en si el gobierno estatal vulneró el pacto federal al permitir la injerencia de agencias de inteligencia extranjeras sin la conducción y transparencia que exige la Ley de Seguridad Nacional.