Mexicali, BC.- Los policías deben estar en las calles, no al cuidado funcionarios ni empresarios, sentenció la diputada petista, Yohana Gilvaja, al llamar a las autoridades estatales a reconcentrar a los escoltas en labores de seguridad pública para responder mayor estado de fuerza a la creciente ola de violencia.

La legisladora del Partido del Trabajo expresó que mientras la ciudadanía enfrenta a diario riesgos por la presencia del crimen en las calles, muchos policías están asignados a la protección de funcionarios que no están directamente involucrados en tareas de seguridad, así como a personas del sector privado.

“ Si tienen miedo, como todos, que paguen su seguridad privada”, expresó al tiempo de señalar que Baja California enfrenta una severa crisis en su estado de fuerza policial, al contar con apenas 0.2 policías por cada mil habitantes, una de las proporciones más bajas del país. 

En la entidad hay mil 352 policías, mientras que para alcanzar el promedio de 2.8 agentes recomendado por la ONU se requieren más de 10 mil.

Yohana Gilvaja planteó que el secretario de Seguridad Ciudadana, general brigadier Estado Mayor, Laureano Carrillo Rodríguez, implemente un plan urgente de reclutamiento, formación e incorporación de elementos, con el objetivo de acercarse a la cifra necesaria.

También solicitó que se dé por concluida la comisión de agentes que actualmente realizan labores de protección personal a integrantes del gabinete estatal y municipal que no justifican protección personal.

Exhortó a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado a presentar en el Congreso local la estrategia para contener y revertir la delincuencia.

“ Si le pedimos a la gente que siga esperando resultados, al menos hay que explicarles qué metas hay y en cuánto tiempo se planean alcanzar”, argumentó. 

A nombre de quienes viven en constante zozobra aseguró que es momento de que el Congreso deje de ser un ente distante del principal problema social que aqueja a Baja California: la inseguridad.

“ Nos deben decir qué obstáculos enfrentan y qué necesitan para superarlos: reformas, recursos o respaldo federal”. 

La proposición se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California.