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Exigen cuentas a Pablo

  Por Alberto Rojas

Publicado el lunes, 29 de diciembre del 2008 a las 15:34


La bancada panista en el Congreso local depositó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado

Monclova, Coah.- La bancada panista en el Congreso local depositó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado informe la recaudación del Impuesto Predial y el asunto de despensas del DIF que eran compradas a familiares de Pablo González González, informó el diputado panista César Flores.

Al exponer irregularidades durante la gestión de Pablo González como alcalde de Monclova, el diputado señaló que durante el 2008 inicialmente se dijo que el total recabado de enero a septiembre fue 20 millones 516 mil 113 pesos; pero que posteriormente esa cifra fue modificada de modo sospechoso por las autoridades municipales, aduciendo que en realidad habían sido sólo 13 millones 992 mil 740 pesos.

“Trascendió en fechas recientes que familiares políticos del hoy alcalde con licencia se compraban despensas que eran repartidas por el DIF y la Dirección de Desarrollo Social del municipio con costo de 300 mil pesos por mes a la empresa Comercializadora del Rey propiedad de Reynaldo Torres, esposo de la hermana de la ex primera dama”, añadió el diputado Flores Sosa.

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales de Coahuila”, abundó.

“Esta legislatura, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de este H. Congreso, tienen la oportunidad de demostrar a los coahuilenses que no existe impunidad en Coahuila y que el Gobierno del Estado no protege a nadie, por lo que cree en el imperio de la ley”, añadió Flores Sosa.

Flores Sosa, quien pasado mañana termina su período como diputado local por el XVI distrito con cabecera en Monclova, se pronunció porque la Auditoría Superior del Estado informe con cifras claras y transparentes la recaudación real captada por las finanzas del municipio de Monclova, y porque se produzca un encarcelamiento contra quien o quienes resulten responsables de daños patrimoniales en perjuicio de la comunidad y el patrimonio público.

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