Chilpancingo, Gro.- A cinco años de la masacre de diez músicos ocurrida en la comunidad nahua de Mexcalcingo, en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) exigió justicia al gobierno.

En un comunicado de prensa emitido hoy, el CIPOG-EZ recordó que las víctimas fueron “brutalmente asesinadas, torturadas y calcinadas por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos”. Los músicos se dirigían a la comunidad de Alcozacán para participar en el evento de Tlayelpan, como parte del grupo “Sensación”. Entre los fallecidos, se encontraba un menor de apenas 15 años.

El colectivo enfatizó que este crimen “no fue un hecho aislado, sino parte de una historia de violencia y exterminio sistemático que nuestros pueblos indígenas de Guerrero han padecido a manos de estos grupos narco-paramilitares, que cuentan con el apoyo y la protección de los presidentes municipales de Quechultenango, Colotlipa, Tixtla, Chilpancingo, Tierra Colorada, Chilapa de Álvarez, Atlixtac, Zitlala, Acatepec, Ayutla de Los Libres, Tecoanapa, entre otros. Estos grupos tienen control sobre las policías municipales, ministeriales, estatales, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, sin importar el color del partido”.

Cinco años después, señalaron, “seguimos sin justicia; la fiscalía no ha investigado de manera adecuada este crimen, ni ha detenido a los responsables, a pesar de que conocen sus identidades y las zonas en las que operan”.

El CIPOG-EZ subrayó que la violencia sigue desbordándose en la región: “balaceras, emboscadas, atentados, asaltos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, trata de personas y tortura son una constante. Las víctimas de esta ola de terror incluyen a defensores de derechos humanos, periodistas, transportistas, comerciantes, maestros, estudiantes, mujeres y niños”.

Advirtieron también que “la droga ha invadido las comunidades de municipios como Cochoapa, Metlatónoc, Tlapa y Olinalá, envenenando a nuestros hijos, mientras la inseguridad sigue devastando nuestros pueblos. En la Costa Chica, nuestros hermanos y hermanas afros e indígenas de San Luis Acatlán, Acapulco, Pinotepa Nacional y Marquelia enfrentan a diario extorsiones, desapariciones, asesinatos y asaltos cometidos por otros grupos narco-paramilitares”.

Además, cuestionaron: “¿Hasta cuándo permitiremos que nuestros pueblos sigan siendo aterrorizados por la violencia y la impunidad? ¿Hasta cuándo permitiremos que las autoridades sigan ignorando nuestro sufrimiento?“.

El ataque del 17 de enero de 2020 “no solo arrebató diez vidas, sino que dejó a ocho viudas y a 23 niños huérfanos. Fue un acto diseñado para sembrar terror, para que dejáramos de organizarnos como pueblos, abandonáramos la defensa de nuestros territorios, nuestros usos y costumbres, nuestro sistema de seguridad propia y nuestro proyecto de autonomía”.

Finalmente, el CIPOG-EZ recordó que desde 2015, “63 de nuestros compañeros y compañeras han sido asesinados y 22 han sido desaparecidos”.