Saltillo, Coah.- Mientras la Secretaría del Trabajo busca a Óscar Lozano Chávez, propietario de la empresa en la que fueron localizados y rescatados 307 trabajadores que se encontraban en condiciones de explotación, entre ellos 78 menores de edad, diputados solicitaron a la Procuraduría echar mano de las leyes que fueron aprobadas por el Congreso para que sea aplicado todo el peso de la ley contra los responsables.

En tanto, la secretaria del Trabajo, Norma Leticia González, recordó que la penalidad para quien contrate a menores de edad con fines de trabajo es de hasta 20 años de cárcel.

Autoridades buscan al dueño de Prokarne

Aunque hasta ayer no existía una orden de aprehensión en contra del dueño de los ranchos en los que se descubrió a menores trabajando en condiciones de explotación laboral, la Secretaría del Trabajo hizo llegar a las oficinas de Prokarne un citatorio para Óscar Lozano Chávez, propietario de la empresa.

El citatorio, enviado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo, establece que no es necesaria la presencia de un abogado, pues solamente se le requiere por ahora para que explique la situación.

Lozano Chávez es identificado como el dueño de las propiedades en las que desde el pasado miércoles se montaron operativos al detectar la presencia de 307 jornaleros, entre ellos 78 menores de edad, en condiciones de explotación laboral.

La Secretaría del Trabajo ya prepara la denuncia correspondiente junto a otras instancias, mientras que la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales está realizando la integración de su carpeta de con el objetivo de poder encuadrar el tipo penal de trata de personas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, el empresario podría enfrentar cargos por explotación infantil y trata de personas. Por su parte, Norma Leticia González Córdova, secretaria del Trabajo, advirtió que los operativos para erradicar esta situación continuarán.

“Este es un llamado a quien tenga menores trabajando en ranchos coahuilenses, de una vez se ponga en orden y los regrese a sus lugares de origen. Vamos a intensificar los operativos, va a caer todo el peso de la ley y si se comprueba la trata de personas, el delito es tan grave que no salen bajo fianza”, aseguró la funcionaria estatal.

PIDEN TODO EL PESO DE LA LEY

Diputados locales mostraron su indignación ante esta situación de explotación y esclavización infantil y solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado echar mano de las leyes que fueron aprobadas por el Congreso para que sea aplicado todo el peso de la ley contra los responsables.

Tanto el diputado José María Fraustro Siller como Antonio Nerio, coincidieron en que el Poder Legislativo ha previsto las leyes necesarias para erradicar este problema social.

“Pues con mucha preocupación, hoy estamos siendo testigos de este tipo de actividades donde están empleando a los niños y que bueno, además de que no debe hacerse, pues no están en las mejores condiciones”, declaró Fraustro Siller.

Por su parte, Nerio dijo que lamenta que debido a las condiciones de pobreza que viven otros estados, hagan que padres de familia se trasladen a Coahuila en búsqueda de un trabajo, y que ignorantes de la ley, permiten que sus hijos laboren con ellos.

“Muchas veces el empresario permite que algún trabajador lleve a su hijo, siendo menor de edad, para que vayan aprendiendo algún oficio, cuando debemos ser muy estrictos en ese tema. En el caso de los ranchos, también se da por la misma naturaleza de esta actividad”, expuso.

Los engancharon con spots de radio

La titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Yezka Garza Ramírez, explicó que en una segunda inspección a los ranchos aledaños a los predios El Pedregal y Santa Cruz, de Ramos Arizpe, se detectaron a 194 adultos, 15 menores y entre ellos sobresalió un pequeño de 8 años.

Resaltó que los oriundos de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas solicitaron a las dependencias la intervención del Órgano de Gobierno para que se les liquide e indemnice como lo marca la Ley y puedan
regresar a sus hogares.

En las declaraciones, según manifestaron los implicados, en sus estados aparecían spot de radio y televisión ofreciendo trabajo en el Norte sin ponerse muy exigentes con la edad y el sexo. En otras ocasiones los enganchadores se aprovechaban de las enfermedades que se presentaban en las familias, les prestaban dinero con la condición de trabajar y de ahí sería descontado.

En cuanto a las mujeres embarazadas que se encuentran entre los resguardados por el Gobierno de Coahuila, Garza Ramírez indicó que la edad de muchachas embarazadas oscila entre los 20 y 22 años.

“Una refiere que ya venía embarazada de Veracruz, y la otra asegura que se embarazó dentro del predio, ambas ya fueron atendidas. Son alrededor de 30 mujeres entre adolescentes y adultas, que se dedicaban a la cocina y pizca de calabaza y cebollín”, señaló.

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) inició una investigación por posibles violaciones a los Derechos Humanos en Ramos Arizpe al enviar visitadores adjuntos de la Primera Visitaduría Regional a inspeccionar las condiciones en las que los rescatados vivían.

Los visitadores comprobaron que las condiciones en que vivían consistían en hacinamiento, insalubridad y espacios adecuados, pues vivían en marraneras, tanto al aire libre como en
espacios cerrados.

De igual forma, advirtieron que trabajaban entre 9 y 10 horas diarias y si no se cumplían las metas de trabajo, laboraban horas extras sin pago; sin embargo, se les adeudaba el pago de varias semanas trabajadas.

DIF CUIDA A MENORES

El director del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, aseguró que la dependencia a su cargo aún continua brindando asistencia a los 78 menores de edad y reveló que entre los menores se encuentran dos niños, ambos, de un año, y un niño de ocho años, que vivían dentro del predio acompañando a sus madres, que trabajaban como cocineras.

También señaló que la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Carolina Viggiano, recorrió los albergues, dialogó con los pequeños y destacó que fue la primera dama del estado quien se puso en contacto con las autoridades de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas para solicitar que representantes de los Gobiernos asistan a los adolescentes a regresar a sus hogares. (Con información de Néstor González, Claudia Olinda Morán, Yadira Leos, Elizabeth García, Jesús Castro y Leticia Espinoza).