El caso Ayotzinapa resurgió de las cenizas de la verdad histórica del procurador peñista Jesús Murillo Karam, y sus fantasmas persiguen ahora al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, contra quien existe una orden de arresto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia. El Gobierno del presidente López Obrador ha reabierto otros expedientes cerrados por la administración de Peña Nieto e ignorados por sus predecesores panistas. Enseguida, algunos de los casos más emblemáticos:
Mario Marín y Kamel Nacif

El “gober precioso” de Puebla y el “rey de la mezclilla” están prófugos desde el 11 de abril de 2019, cuando el Primer Tribunal Unitario de Cancún ordenó aprehenderlos por el delito de tortura contra Lydia Cacho. En Los Demonios del Edén (2004), la periodista los señala como parte de una red de pederastia.

El 16 de diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Quintana Roo y enviada a Puebla, bajo cargos de difamación y calumnia. En el trayecto sufrió tortura física y psicológica; dos policías fueron condenados y ella, exonerada en 2016. En enero de 2019, el Gobierno de AMLO le ofreció disculpas públicas. En julio pasado, el fiscal Gertz Manero anunció que Nacif fue ubicado en Líbano; su extradición ya está en proceso. La Interpol busca a Marín en más de 190 países.

Alonso Ancira Elizondo

El “rey del acero” fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Mallorca, España. El exdueño de AHMSA enfrenta cargos por lavado de dinero en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, en 2013. La petrolera compró la planta chatarra en 250 millones de dólares, cinco veces por encima de su valor real.

Adicionalmente, se gastaron 493 millones de dólares para ponerla en operación. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación pidió a Pemex realizar las investigaciones pertinentes. De acuerdo con la FGR, el 28 de noviembre de 2012 -tres días antes de asumir la dirección de Pemex-, Emilio Lozoya transfirió a su hermana Gilda Susana (21 años) 3 millones de dólares de una cuenta de AHMSA.

Juan Ramón Collado Mocelo

La detención del “abogado de la elite política” ocurrió el 9 de julio de 2019. Entre sus amigos y clientes figuran Enrique Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari -hermano de Carlos, el expresidente-, el exlíder petrolero Romero Deschamps, el excandidato presidencial panista Diego Fernández y el empresario argentino Carlos Ahumada. Se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La justicia de Andorra le embargó 83 millones de dólares y lo investiga por asociación ilícita y blanqueo de capitales. El diario El País reveló que, a principios de año, el litigante cobró 4.4 millones de dólares a dos empresas fantasma de Andorra, las cuales recibieron contratos del Estado de México.

Rosario Robles Berlanga

La extitular de Sedesol y Sedatu está recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019 por La Estafa Maestra, consistente en la asignación de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, el 50% de los cuales se desvió a empresas fantasma (Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Asegura haber puesto al tanto de las irregularidades a Peña Nieto y a José Antonio Meade, su relevo en la Sedesol. La defensa alega que su cliente es víctima de persecución política del Gobierno de López Obrador. El juicio político aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 20 de marzo pasado se pospuso por la emergencia sanitaria. Finalmente, Robles decidió colaborar con la FGR. (Continúa).