El pasado día 30 de marzo, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitió el Acuerdo C-031/2022, por el cual se ordena la implementación de la especialización Hipotecaria de la Justicia Civil en el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. En el citado acuerdo se autoriza la creación inmediata de Juzgados Hipotecarios.

Así pues, y por virtud de este acuerdo, en próximos días en Saltillo y Torreón se pondrán en marcha los juzgados Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria de los distritos judiciales de Saltillo y Torreón, ambos para dedicarse exclusivamente a la ejecución de adeudos o créditos vencidos, pero con garantía hipotecaria, así igual, se implementará el sistema de gestión en esa misma materia.

En concordancia con lo anterior, el miércoles pasado el magistrado presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia, dio a conocer que en próximas fechas firmará un convenio con el Infonavit para brindar máxima celeridad a los trámites de ejecución de adeudos y escrituración de las viviendas recuperadas por los acreedores hipotecarios; argumentando que en Coahuila existen alrededor de 60 mil casas solas, por lo que considera que dichas casas podrán ser reasignadas a otras personas que no han tenido acceso a una vivienda digna.

“Próximamente habremos de informar de un convenio con el Infonavit a efecto de poder concluir algunos de estos procedimientos que estaban abiertos, apegados a derecho, cuidando por supuesto el patrimonio de los ciudadanos que sacaron una casa por esta vía para que no haya ningún problema en este sentido”. Además dijo: “más de 100 mil viviendas se encuentran desocupadas; en municipios como Saltillo y Torreón, mismas que están siendo vandalizadas. Con este programa buscamos ponerlas en orden”, explicó el presidente del Tribunal de Coahuila.

Es evidente que para el Poder Judicial coahuilense atrás quedó el discurso de los diputados priistas por Coahuila, que desde el 2018 han insistido en la necesidad de que el Infonavit no desvirtúe su objetivo, ya que dicha institución no es un negocio, sino un derecho del sector obrero. Desde entonces, estos diputados han pugnado por poner fin a los mecanismos de cobranza de los acreedores hipotecarios que ponen en riesgo no solo el patrimonio sino la dignidad de los trabajadores, lo que en nada concuerda con esta idea de agilizar la ejecución de garantías hipotecarias de la que ahora habla nuestro actual Poder Judicial.

Entonces con lo anterior podemos entender que a nuestro sistema judicial coahuilense le está urgiendo que los acreedores hipotecarios recuperen y se adjudiquen lo antes posible las viviendas que por diversas causas los trabajadores acreditados han tenido que dejar de pagar o se han visto en la necesidad de atrasarse en sus pagos, aunque lo anterior signifique poner en riesgo la conservación de su patrimonio.

Y es que solo así se explica por qué a nuestro máximo tribunal le es más prioritario crear juzgados especializados en ejecución hipotecaria, antes que dotar de más personal a los actuales juzgados que ahora sufren de una carga de trabajo impresionante y que los hace ineficientes al momento de resolver con prontitud los asuntos civiles y familiares que realmente sí afectan e interesan a los ciudadanos.