Ciudad de México.- Solicitaron al Gobierno federal que los blindara de “toda forma de detención o arresto personal” y “contra todo procedimiento judicial y administrativo”; cada uno de los 5 peritos gana $136 mil al mes .

Además del millón de dólares que cobra cada seis meses la CIDH por el grupo de expertos que investiga el caso Iguala, ésta incluyó en el convenio con el gobierno mexicano cláusulas para garantizar que el Estado cubra todos sus gastos, que dispongan de instalaciones, infraestructura y recursos, que tengan pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, además de “inmunidad” total.

Así está asentado en el convenio que firmó el gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que destaca que la inmunidad para los expertos es “contra toda forma de detención o arresto personal” y “contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación con los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones”.

En el documento firmado en noviembre de 2014 entre el gobierno federal y la CIDH, cuya copia está en poder de La Razón, otorga al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) todas las facultades para “determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados con el propósito de proteger sus derechos a la vida y su libertad personal”.

Además de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los jóvenes que resultaron heridos durante los hechos registrados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Gracias a ese acuerdo el GIEI formó también un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, entre ellas, analizar si con independencia de la investigación penal centrada en la acreditación del delito y la ubicación de los probables responsables, se han realizado todas las acciones para la localización del paradero de los normalistas.

Incluso este grupo tiene la facultad para, “conforme a los más altos estándares internacionales, recomendar (a la PGR) qué medios tecnológicos deben incorporarse para hacer más eficiente la ubicación de las posibles fosas clandestinas y cómo puede sacarse mejor provecho de ellos”, cita el convenio.

El GIEI también analizaría que las líneas de investigación se agoten correctamente, sobre todo las que tienen que ver con los nexos entre el crimen organizado y autoridades guerrerenses, y estaría facultado para presentar denuncias penales.

El acuerdo fue firmado por el subsecretario de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo; la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lía Limón; la subprocuradora Jurídica de la PGR, Mariana Benítez; el integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

Denuncian a Álvarez Icaza en PGR por fraude de 2 mdd

El Secretario General de la CIDH conformó el equipo del caso Iguala; “han malversado fondos”, dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Por el delito de fraude por un monto de entre un millón y dos millones de dólares cometido en perjuicio de la Federación, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la PGR al secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

El presidente de la asociación civil, José Antonio Ortega, dijo que la querella es porque fue Álvarez Icaza quien conformó el GIEI que indaga el caso Iguala, a cuyos integrantes se les han documentado fraudes, procesos en su contra y hasta parcialidad en sus investigaciones.

“Los expertos han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH al realizar actividades que nada tienen qué ver con el acuerdo suscrito entre la PGR y la CIDH. Esta denuncia no pudo dirigirse contra los miembros del GIEI porque ese acuerdo garantiza su completa inmunidad, a petición de Álvarez Icaza, quien ya sabía la clase de pillos que son los cinco integrantes del GIEI”, señaló Ortega.

Y añadió: “Los expertos no han cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió con el gobierno mexicano, ya que no han hecho la más mínima contribución para localizar a los 43 jóvenes”.

La denuncia integra las acusaciones que pesan contra las exfiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, así como contra el chileno Francisco Cox, Alejandro Valencia y el español Carlos Beristain, quien está implicado en un fraude de 9.5 millones de dólares contra la petrolera estadounidense Chevron.

“Ellos pretenden sin sustento, pero con una marcada intencionalidad ideológica y política, desvirtuar la investigación de la PGR y que el centenar de detenidos por este caso queden libres”, señaló.

Dijo que el delito de fraude está tipificado en el artículo 386 del Código Penal Federal, por lo que Álvarez Icaza, de resultar culpable, podría ser condenado de 3 a 12 años de cárcel. También pidió que la permanencia del GIEI no se amplíe.

Por María Cabadas
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