Golpeada por una nueva oleada de casos de corrupción cuya cresta comparten el expresidente Enrique Peña Nieto y Alejandro Moreno, uno de los exgobernadores de la «nueva generación» y cabeza —todavía— de un partido sin prestigio ni futuro, la carcasa del PRI se hunde inexorablemente. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto entre rejas a colaboradores y socios clave de la Administración peñista (Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social; Alonso Ancira, dueño de AHMSA; y Juan Collado, «el abogado de los poderosos»). Empero, con su predecesor había mantenido una actitud complaciente a pesar de las múltiples investigaciones y denuncias, dentro y fuera del país, por los escándalos de Odebrecht, la Estafa Maestra y la Operación Safiro, lo cual ha sido motivo de crítica, e incluso de sospecha.

Peña Nieto emuló a Carlos Salinas de Gortari: frente al repudio social y la presión mediática para ser encausado por enriquecimiento ilícito y peculado, entre otros delitos, optó por el exilio. Presidentes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Guatemala y otros países del continente han sido defenestrados y más de media docena encarcelados bajo cargos de corrupción en sus diferentes modalidades. El peruano Alan García, sobornado por la contratista brasileña Odebrecht, se pegó un tiro en la cabeza el 17 de abril de 2019 para evitar su detención. En México, los jefes de Estado y de Gobierno son intocables todavía. El cerco de impunidad podría romperse con Peña Nieto.

La consulta del 1 de agosto de 2021 para enjuiciar a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, promovida por AMLO y su partido (Morena), registró una participación del 8% de la lista nominal de electores, pero para ser vinculante se necesitaba el 40 por ciento. Sin embargo, el sentimiento de los mexicanos lo refleja el resultado: el 97.7% (6.6 millones) votó por el «Sí». La mayor estela de corrupción la dejaron Salinas, cuyo hermano Raúl —acusado de fraguar el asesinato del exsecretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu— ocultó 120 millones de dólares en Suiza, y Peña Nieto. Su sexenio es uno de los más venales e incompetentes de la historia.

Salinas y Peña limitan sus apariciones públicas, pues cuando se les identifica reciben epítetos de «ratas» y «asesinos». El predecesor de López Obrador radica en España. «El permiso que tiene Peña Nieto es el conocido como golden visa o visado dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500.000 euros (10,5 millones de pesos mexicanos)», anuncia el diario El País (29.05.22).

María Martín y Francesco Manetto dicen en su nota: «la fórmula, creada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido durante todos estos años la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates rusos, chinos o empresarios venezolanos se instalen en el país». De acuerdo con la información, el expresidente mexicano «compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario idealsita.com le atribuye un valor superior a los 500.000 euros». Cacahuates. La riqueza de Peña Nieto es incalculable, pero ya empieza a asomar. Y con la punta del iceberg, la posibilidad de sentar en el banquillo al primer expresidente. Un regalo para Morena; y para la 4T, quizá la última oportunidad de trascender.