Al ser ratificada por el Senado como fiscal general de la República, Ernestina Godoy se comprometió a no fabricar culpables. La declaración tiene un significativo peso político y jurídico.

En circunstancias habituales los encargados de impartir justicia prometen actuar con mano dura y “cero tolerancia”. México padece una inseguridad atroz y no faltan quienes desean soluciones autoritarias al estilo Bukele, pero la impartición de justicia no puede ser ajena a dos desastres complementarios: mientras la mayoría de los delitos quedan impunes, numerosos inocentes son inculpados para mejorar las estadísticas del “éxito” policiaco.

Godoy otorgó relevancia al tema de la persecución de culpables por una razón política: no emprenderá una cacería de brujas contra adversarios al Gobierno. Sin embargo, sus palabras también representan una severa crítica a un sistema judicial corrompido.

Puedo dar fe del compromiso de Godoy para liberar inocentes. En 2022, un amigo y yo fuimos asaltados a mano armada. Lo notificamos en redes sociales y dos horas más tarde la policía capitalina anunció que tenía un detenido. Al día siguiente nos presentamos ante el Ministerio Público. Fuimos sin abogado, error fatal, porque nos extraviamos en los laberintos de la ley.

Nos mostraron un video del asalto, tomado por una cámara de vigilancia en la calle. La pantalla reprodujo lo que el miedo había vuelto difuso. Un asaltante amagó a mi amigo, que estaba al volante; otro, de pantalón blanco y sudadera negra con capucha, rompió mi ventanilla con la cacha de la pistola y me encañonó en la sien.

Después de ver este video, nos mostraron otro en el que un joven de pantalón blanco y sudadera negra decía haber participado en el atraco.

El robo ocurrió de noche, el asaltante llevaba capucha, yo tenía la cabeza cubierta de cristales y una pistola en la sien. Por el rabillo del ojo creí distinguir a un joven moreno, delgado, de nariz pronunciada. Millones de personas tienen esa fisonomía.

Hicimos nuestra declaración, que debieron tomarnos por separado para explorar discrepancias, pero que fue hecha en conjunto, estableciendo una inmodificable versión de los hechos. Luego pasamos a la cámara de Gesell a identificar al presunto culpable.

A la distancia, resulta obvio que éramos manipulados: no nos pedían que reconociéramos al asaltante real, sino a la persona, más fácil de distinguir, que había “confesado” en el video. Cometimos el error de señalarlo, ignorando que, en caso de desdecirnos, incurriríamos en delito de perjurio.

Poco después conocimos la verdadera historia de ese muchacho. Había sido detenido en otro sitio por discutir con unos policías; lo tenían en “disponibilidad” y lo presentaron como autor de los hechos. Sus familiares me buscaron poco después para explicar que se trataba de un estudiante del Politécnico, sin antecedentes penales. Un video comprobaba que en el momento del atraco se encontraba en una fiesta.

Deshacer la maraña que involuntariamente habíamos ayudado a crear nos llevó seis meses, suficiente tiempo para que la prisión afecte a una persona de por vida. Buscamos a un abogado experto en la liberación de inocentes y en cinco ocasiones visitamos a Ernestina Godoy, entonces fiscal de la ciudad. La policía no aceptó que había cometido un error y fue necesaria una decidida gestión de la Fiscalía para que el inculpado recuperara la libertad. “Están esperando que ustedes desistan”, nos dijo Godoy, en referencia a los judiciales que hicieron el arresto: “no es común que las víctimas de un asalto insistan tanto en liberar a alguien”. Luego, nos animó a insistir.

Para resolver el entuerto escribí una declaración, acaso la más sincera de mi vida, en la que demostraba mi incapacidad de ser un testigo verídico de los sucesos.

En la última reunión en el “búnker” de la fiscalía capitalina Godoy dijo: “La mitad de mi trabajo es perseguir culpables; la otra mitad, deshacer injusticias judiciales”.

Millones de mexicanos han sido víctimas de abusos legales. El célebre caso de Israel Vallarta, liberado después de pasar casi 10 años en la cárcel sin ser sometido a juicio, es uno de los muchos ejemplos de un sistema pródigo en montajes, donde, como en una fábula de Kafka, la condena antecede al delito.

De manera destacable, Ernestina Godoy inicia su gestión con el compromiso ético de no fabricar culpables.