A lo mejor no hemos valorado en su justa dimensión que de 2018 a 2020, por primera vez en la historia de Coahuila, la “oposición” (lo que sea que eso represente o simbolice) tuvo mayoría en el Congreso del Estado y por consecuencia, obtuvo acceso a la Junta de Gobierno en dos de tres años que duró la Legislatura 61, lo cual significa, además de ventaja para modificar leyes, control administrativo de los recursos.

¿Y para qué usaron ese poder que como nunca antes habían tenido los partidos políticos distintos al PRI, en este caso PAN y UDC?

Fácil: para satisfacer las necesidades elementales de los diputados y fomentar la corrupción, básicamente. Me explico. En este mismo espacio se publicó que, en agosto de 2019, con el panista Marcelo Torres Cofiño como presidente de la Junta de Gobierno y por tanto, responsable de la Oficialía Mayor y Tesorería, órganos encargados de adquisiciones, el Poder Legislativo gastó 12 millones 737 mil pesos en un “sistema electrónico de registro de asistencia y votación”, cuando tecnología similar, comprada en 2007 al mismo proveedor, había costado 3 millones 663 mil pesos. Es decir, pagó un sobrecosto de 9 millones en la operación (Zócalo, 08/12/19).

Ese mismo periodo, con el PAN al mando, el Congreso ejerció, sin justificación, 30 millones de pesos extras entre servicios personales (salarios, prestaciones y compensaciones para los legisladores) y servicios generales, cifra que resulta de comparar el presupuesto con el ejercicio fiscal 2019 (Zócalo, 05/07/20).

También, aquí se reveló que, en 2020, ya con el udecista Emilio de Hoyos Montemayor como titular de la codiciada Junta de Gobierno, usaron los datos fiscales del Congreso para facturar todo tipo de compras personales, desde botellas de champagne en la Vinoteca de Saltillo, hasta pastillas contra la disfunción eréctil en una farmacia de Torreón (Zócalo, 23/05/21). Y ahora, como colofón, una facturera entre sus cuentas públicas.

Vía seis comprobantes fiscales emitidos entre el 1 de octubre y el 29 de diciembre del año pasado, o sea en el último trimestre del “Año de Hidalgo”, el Congreso del Estado transfirió 795 mil 760 pesos a la sociedad mercantil Servicios Marte de Construcción e Ingeniería Comercial, S.A. de C.V., por conceptos genéricos como “servicio de mantenimiento general de inmuebles” o “servicio de limpieza”. Lo relevante aquí no es el monto, sino el hecho.

Servicios Marte fue constituida el 7 de julio de 2015 en la Notaría Pública 5 de Piedras Negras, cuyo titular es Hermilo Juan Marcos Hilario. En su acta constitutiva figuran como propietarios Sergio Valerio Aguirre y Marco Aurelio Palacios Escalante (el primero con domicilio en Saltillo y el segundo en Jojutla, Morelos) al 50% de las acciones cada uno. Su objeto social, sin embargo, no es el mantenimiento y limpieza de inmuebles, sino la explotación minera, lo cual nada tiene que ver con los presuntos trabajos realizados en el Palacio
Legislativo.

La “empresa”, indica en documentos, dos domicilios en Saltillo: uno en la calle Laureles 1503, de la colonia Zaragoza, una construcción en obra negra, y otro en Herminia Aguillón 1041, de la colonia Magisterio Sección 38, una modesta casa habitación
deshabitada.

El 5 de diciembre de 2020, cabe señalar, las acciones de Servicios Marte de Construcción e Ingeniería Comercial, S.A. de C.V., fueron transferidas a dos nuevos socios: Édgar Raúl Reyes Torres y Mirna Mireya Calderón Maltos, y esta última fue ratificada como administrador único y representante de la sociedad. Dicho movimiento fue certificado en la Notaría Pública 5 de Sabinas, a cargo de José Juan Castañón González, según el instrumento 946 en poder de quien esto escribe.

De 39 años, casada, con dos hijos y domicilio en el centro de Múzquiz, Coahuila, las actividades y situación socioeconómica de Mirna Mireya Calderón Maltos, dista mucho de ser una próspera empresaria favorecida por el Congreso del Estado con adjudicaciones directas.

Cortita y al pie
Facturaron, pues, con una facturera. En el poder que debería ser de auditoría y vigilancia de los otros poderes, por tanto más robo que los demás. Donde los partidos políticos tienen representación y asientos en la mesa de cada comisión parlamentaria, por tanto no pueden hacerse los desentendidos. De ahí la importancia del tema.

Descubierto el papel de la “oposición” cuando llegan temporalmente al poder, ¿cree usted que haya cambiado algo en los primeros siete meses de la Legislatura 62 de mayoría priista?

La última y nos vamos
Por enésima ocasión: ¿Y la Auditoría Superior del Estado? ¿Y el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila? ¿Y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción? ¿Y el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción? Por lo demás, ¿para qué sirven los millones de pesos que se presupuestan anualmente a esos entes burocráticos, si no serían capaces de encontrar a un elefante dentro de una habitación?