Monclova, Coah.- La opacidad se cierne sobre el proceso concursal de Altos Hornos de México y Minera del Norte (Minosa). El 14 de mayo de 2025, el Síndico a cargo solicitó a la jueza Ruth Haggy Huerta, la clasificación de la lista de trabajadores acreedores como confidencial. La petición, entregada en un sobre cerrado y sin notificación individual a los afectados, ha encendido las alarmas entre los defensores de los derechos laborales.

Para el abogado Héctor Garza, quien representa a un grupo de acreedores, esta decisión sumerge a los trabajadores en un estado de indefensión más profundo, acusa al Estado de fallar en su obligación de garantizar condiciones mínimas de transparencia, impidiendo que los afectados conozcan la verdad y puedan reclamar lo que les corresponde.

“El Estado no es sólo el Poder Judicial”, enfatizó Garza, “sino toda autoridad con el deber de intervenir ante abusos. Aquí hay una omisión institucional preocupante al no dar a los trabajadores las herramientas para defender su patrimonio”.

Argumentó que al tener en su poder los nombres de los trabajadores reconocidos, la autoridad judicial tiene la obligación de notificar de manera legal y auténtica a cada persona. “No hay impedimento legal para ello y menos cuando están en juego derechos laborales adquiridos”, sentenció.

Garza recordó que el espíritu de la Ley de Concursos Mercantiles exige procesos transparentes y confiables para evitar abusos en la enajenación de activos. La reserva total de las listas de acreedores laborales, a su juicio, crea un caldo de cultivo para la discrecionalidad y la injusticia.

La incertidumbre de no saber si se está reconocido como trabajador es una violación de derechos. “Incluso quienes no se han apersonado en el proceso tienen derecho a saber si fueron considerados; sin esa certeza, no pueden defenderse de una posible omisión”.

Criticó la autorización de la reserva por parte de la Jueza sin aplicar un test de proporcionalidad ni ofrecer alternativas. Sugirió, por ejemplo, el uso de números de ficha en lugar de nombres completos para proteger la identidad sin negar la información.

“Lo que no puede permitirse es que el sigilo se convierta en silencio y que ese silencio termine siendo negligente, no es legítimo que la protección de datos se utilice como pretexto para esconder decisiones que afectan el futuro de miles de personas”.