Guadalajara, Jal. — La Fiscalía del Estado de Jalisco reveló el historial delictivo y los antecedentes legales de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”. El informe detalla cómo ambos objetivos prioritarios lograron evadir la justicia en repetidas ocasiones debido a resoluciones judiciales absolutorias y amparos, a pesar de contar con múltiples órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

“El Jardinero”: De la absolución a una condena en la clandestinidad

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas, informó que contra Audias “N” se emitieron seis órdenes de aprehensión entre 2009 y 2010 por homicidio, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. Aunque fueron ejecutadas en 2016, diversos jueces decretaron su libertad alegando falta de elementos para procesar.

El caso más crítico se remonta a un ataque contra la extinta Fuerza Única de Jalisco en abril de 2015, en San Sebastián del Oeste, que dejó seis oficiales muertos.

– Absolución inicial: En 2019, un juez absolvió y liberó al sujeto por este crimen.

– Apelación y condena: La Fiscalía estatal apeló la decisión, logrando que una segunda instancia revocara la libertad y dictara una sentencia de 45 años de prisión.

– Estatus actual: La orden de reaprehensión para ejecutar dicha sentencia se emitió apenas en 2024, cuando el sujeto ya se encontraba evadido de la justicia y fuera de la custodia de las autoridades.

“El Güero Conta”: Amparos frenaron procesos por homicidio

Respecto a César Alejandro “N”, la Fiscalía identificó tres solicitudes de captura en su contra (2005, 2014 y 2015). El reporte ministerial destaca que el señalado logró librar las acusaciones de la siguiente manera:

– Homicidios anulados: Dos órdenes por homicidio quedaron sin efecto tras amparos promovidos por su defensa.

– Incidente vial: Una tercera orden ejecutada en 2010 por un hecho de tránsito terrestre no trascendió, permitiéndole abandonar el proceso penal.

Finalmente, la dependencia aclaró que sus investigaciones se han limitado estrictamente a delitos del fuero común, subrayando que cualquier indagatoria vinculada a operaciones financieras o lavado de dinero corresponde exclusivamente al ámbito federal.