Los Ángeles.- Los abogados de la familia del mexicano Anastasio Hernández Rojas, que murió a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para presentar pruebas en el caso contra el Gobierno de Estados Unidos por la muerte del migrante.

La organización Alliance San Diego y la Facultad de Derecho de la Universidad California en Berkeley, que representan a la familia de Hernández, informaron  que solicitaron una audiencia a la CIDH en el caso contra el Gobierno por violar los derechos humanos de Anastasio.

CASE UPDATE! Petitioners in the case of “Family members of #AnastasioHernandezRojas vs. United States just submitted a request for a hearing before the @CIDH (which is made up of 7 commissioners) for its fall session, which begins in late October. https://t.co/MtK2GiQRT2

— Alliance San Diego (@AllianceSnDiego) August 16, 2022

Hernández Rojas fue detenido en la frontera de California con México por agentes de la Patrulla Fronteriza el 28 de mayo de 2010 cuando intentaba reingresar a Estados Unidos tras ser deportado.

Una vez trasladado a una zona donde se realizaban las deportaciones se produjo un altercado durante el cual el mexicano fue rodeado por varios agentes que lo golpearon, asfixiaron y aplicaron descargas eléctricas en múltiples ocasiones mientras estaba tendido en el suelo. La golpiza fue grabada por varios testigos.

El mexicano, que había vivido en California por más de 25 años antes de ser deportado, falleció el 31 de mayo de 2010. Su muerte fue clasificada como un homicidio.

Los abogados de la familia de Hernández, padre de cinco, han acusado a los agentes fronterizos de ocultar, destruir y manipular pruebas para obstruir la investigación.

Los fiscales federales de EU han sido criticados por la familia y activistas por cerrar la investigación sin presentar cargos penales contra los agentes involucrados y no hacerlos responsables por abuso de poder.

El 30 de marzo de 2016, la familia presentó ante la CIDH una petición para que se evaluara el caso.

Cuatro años después, el 29 de julio de 2020, la CIDH admitió formalmente la petición de la familia y encontró posibles violaciones de derechos humanos en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que Estados Unidos está legalmente obligado a cumplir.

Los abogados de la familia han presentado pruebas adicionales, incluidas 45 páginas de testimonios de funcionarios gubernamentales de alto nivel con conocimiento directo del encubrimiento que se realizó en el caso.

Roxanna Altholz, codirectora de la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la UC-Berkeley, dijo en un comunicado que una audiencia en la CIDH es una oportunidad para que la Comisión “examine cómo han operado las estructuras de violencia e impunidad en la frontera sur por parte del Gobierno de Estados Unidos”.

Añadió que el caso de Hernández ejemplifica la necesidad de que EU reforme las leyes y políticas sobre el uso de la fuerza, entre otras medidas para proteger los derechos humanos.

Por su parte, Andrea Guerrero, directora de Alliance San Diego y abogada de la familia en la demanda ante la CIDH, consideró que la audiencia pública puede dar un “escrutinio imparcial e independiente de la mala conducta” de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Al respecto, María Puga, esposa de Hernández, pidió a la CIDH que “nos conceda una audiencia para que podamos ser escuchados y podamos confrontar directamente al Gobierno de Estados Unidos”.