Ciudad de México.— La familia de Renee Good, quien murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 7 de enero en Minneapolis, presentó dos demandas civiles contra el gobierno federal, agentes y funcionarios, entre ellos Jonathan Ross, el oficial señalado como responsable de dispararle.

Las acciones legales buscan exigir responsabilidades por la muerte de Good y también cuestionan las circunstancias que llevaron a la presencia de agentes federales en el lugar.

De acuerdo con CBS News, las demandas fueron presentadas por la familia de Renee Good contra el gobierno de Estados Unidos, agentes federales y funcionarios.

Los abogados que representan a sus familiares explicaron que las dos acciones legales tienen objetivos relacionados, pero distintos, y plantearon acusaciones que deberán ser analizadas dentro del proceso judicial.

¿Qué ocurrió con Renee Good?

Renee Good murió el 7 de enero, después de que el agente de ICE Jonathan Ross le disparara en Portland Avenue, en Minneapolis, en el contexto de un operativo federal de aplicación de las leyes migratorias.

A partir de estos hechos, la familia inició acciones legales contra el gobierno federal y distintas personas relacionadas con el operativo.

Benjamin Berkman, abogado de la familia, explicó que las dos demandas buscan abordar diferentes aspectos del caso:

Una de ellas se concentra en lo ocurrido en Portland Avenue el 7 de enero.
La segunda aborda las razones por las que Ross y otros agentes se encontraban en ese lugar.

¿Qué reclama la primera demanda?

La primera demanda señala al gobierno de Estados Unidos como único demandado.

La familia reclama una muerte por negligencia conforme a la legislación de Minnesota y menciona diversas conductas que, según la demanda, contribuyeron a la muerte de Renee Good.

Entre ellas se encuentran:

Agresión.
Lesiones.
Detención ilegal.
Imposición intencional de angustia emocional.
Negligencia.
Los abogados sostienen que esta demanda busca establecer responsabilidades por las decisiones tomadas por Ross y otros agentes durante los acontecimientos del 7 de enero.

Antonio Romanucci, otro de los abogados que representan a la familia, declaró que “el día de la rendición de cuentas ha llegado” para el gobierno de Estados Unidos y sus agencias ICE y CBP.