Ciudad de México.– Integrantes de La Familia LeBarón presentaron ante el Congreso de la Unión, una iniciativa para crear la Ley Federal para la Protección de Personas Candidatas a un Cargo Público, a fin de identificar las zonas de riesgo que están bajo el crimen organizado, así como se les otorgue la protección a quienes concursen y se vean amenazados.
Adrián Dayer LeBarón Soto, Bryan Carlos LeBarón Jones y Julián LeBaron, se reunieron con la diputada de Morena, Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de la Reforma Política – Electoral de la Cámara de Diputados, a quien entregaron la iniciativa de ley que busca la protección de precandidatos y candidatos a través de la identificación y creación de nuevos protocolos para la atención inmediata en zonas de alto riesgo en todo el territorio nacional.
Adrián Dayer LeBarón Soto, Bryan Carlos LeBarón Jones y Julián LeBaron, manifestaron a la diputada Graciela que esta es la “Ley Abel Murrieta” en honor a su abogado que fue asesinado por el crimen organizado cuando precisamente buscaría participar en una contienda.
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Nos mataron a nuestro abogado Abel Murrieta mientras buscaba ser candidato en Sonora, nos dejó el alma en pedazos y por ello hoy presentamos en su honor esta iniciativa de ley”, señaló Adrián LeBaron.
En la exposición de motivos señala que la violencia político-electoral ha puesto en duda la capacidad de las autoridades de garantizar unas elecciones seguras para los ciudadanos, tanto al ejercer su voto como en su derecho a ser votados.
Refiere que el sistema electoral tiene una gran dimensión económica y estrategia para la protección de las boletas electorales, pero no así para los candidatos de todos los niveles. En el artículo 216 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala: “La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional”.
Indicaron que así, la ley prevé medidas de seguridad específicas para todo el proceso electoral, desde la impresión de boletas hasta la previsión de solicitar auxilio a policías de todos los niveles de gobierno – o incluso de las fuerzas armadas – para garantizar el orden público durante la jornada. Sobre todo, lo que se desprende es la construcción de la protección del voto como un asunto estratégico, entendido incluso como una posible amenaza a la estabilidad y seguridad del Estado.
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¿Cómo hacer que las elecciones locales, que son las más violentas, no sean un juego a vida o muerte para las y los candidatos? ¿Cómo puede el Estado garantizar la investigación científica de estos hechos en el marco de violencia que padecen las personas candidatas a cargos públicos?”, pues aún no hay respuesta precisamente, porque aún existen, en parte, constantes tensiones al interior de las autoridades federales y las locales, en lo complejo del reparto de responsabilidades.
Ese espacio de discrecionalidad que deja la normativa para diseñar e implementar los mecanismos de protección, de forma específica a un fenómeno cada vez más preocupante para la vida democrática nacional.
BASTA QUE EL CRIMEN ORGANIZADO DECIDA QUE CANDIDATO VIVE O MUERE
Hoy nos reunimos con la diputada, Gabriela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Electoral, reconocemos sus atenciones y le pedimos que en la próxima reforma electoral… (1/3) pic.twitter.com/jRY17qj8Z8— Bryan LeBaron (@BClebaron) August 11, 2022
Cabe recordar que en las elecciones de junio del 2021 el gobierno Federal optó por implementar un mecanismo de protección limitado y por consecuente inoperable en términos de los resultados finales, dicho mecanismo encontró cabida en los lineamientos para la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, presentada el 4 de marzo del 2021 por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que incluía solicitud de protección; asignación de protección y monitoreo de los candidatos.
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Cuando el Gobierno Federal señala como responsable al “partido de la delincuencia organizada”, contribuye a alimentar la percepción de que las violencias son ejercidas por un actor bien identificado – el crimen organizado – que se presume antagónico al Estado o a intereses públicos y, además, ubica nuevamente la estrategia en el ámbito de competencia de la Federación”, afirman los Lebarón en su iniciativa.
Para generar un cambio resulta inminente resolver la cuestión central de la coordinación entre niveles de gobierno e instancias de diferentes ámbitos administrativos para proteger asertivamente a personas candidatas a cargos públicos.
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Más allá de las cuestiones administrativas, uno de los retos mayores consiste en garantizar la ausencia de colusión activa o pasiva entre las autoridades y grupos criminales. Mantener un Sistema Político Electoral sin controles de protección y acciones específicas de investigación a cargo de la federación seguirá contribuyendo al estigma de incapacidad y corrupción de los gobiernos locales, sin aportar soluciones institucionales al respecto”.
Indica que debemos salir de la fórmula de protección temporal ante la amenaza a una ciudadana o ciudadano que contienda por un cargo de elección popular para que solo así las autoridades electorales intervengan en conjunto con las instituciones de seguridad para que se les asigne protección.
La presente Ley señala en su Artículo 1 que “tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de ser aspirantes, candidatas, precandidatas a cualquier cargo de elección popular.
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Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas candidatas a cargos de elección popular, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar su vida, integridad y derechos políticos electorales”.
