Los partidos son maquinarias devoradoras de dinero, pozos sin fondo, proveniente del erario y de fuentes anónimas. Las aportaciones privadas están limitadas por la ley, pero siempre encuentran resquicios para eludirla. El financiamiento público, que este año ascenderá a 7 mil 200 millones de pesos, lo fiscaliza el Instituto Nacional Electoral, mas no los donativos ocultos de corporaciones y cárteles, pues son inescrutables. El apoyo pecuniario se paga con favores, contratos, concesiones, exenciones fiscales, impunidad e incluso posiciones políticas. El desvío de recursos para comprar votos persiste en los estados, pese a la precariedad de sus finanzas, algunas en quiebra virtual.

El INE le corrige la plana al presidente Andrés Manuel López Obrador, cancela candidaturas a Morena y ejerce una fiscalización cada vez más estricta, mientras sus equivalentes en los estados, denominados Organismos Públicos Locales (Oples), señaladamente el de Coahuila, están subordinados al Gobernador y su partido.

También lo están los congresos y tribunales (Electoral y de Justicia), lo cual les permite maquillar las cuentas públicas y ocultar el reparto de dinero el día de las votaciones. La reforma política de 2014 les quitó a los gobernadores la designación de consejeros locales, pero no el control de los Oples. Por esa razón, AMLO ha propuesto desaparecerlos y dejar al INE la organización de todos los procesos.

Los partidos siempre han recurrido a las grandes empresas y algunos incluso a la delincuencia organizada para obtener ingresos y solventar gastos no declarables. La campaña de Enrique Peña Nieto costó 4 mil 500 millones de pesos, cuando el tope legal era de 336 millones, de acuerdo con la comisión legislativa encargada de investigar la triangulación de recursos a través de Grupo Financiero Monex.

Para pagar a representantes de casilla y a compradores de votos, el PRI utilizó instrumentos como las tarjetas Lealtad Monex, Apoyo a la Mujer Bancomer y Soriana Aprecio por Ti, dice el informe (La Jornada, 12.03.14). La elección debió anularse, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dio por buena.

También había otros métodos. En 1993, los principales oligarcas del país asistieron a una cena secreta promovida por Carlos Salinas de Gortari. ¿El propósito? Reunir 25 millones de dólares para la campaña presidencial del PRI.

La filtración de uno de los empresarios, a quien le pareció excesivo el monto, mientras otro ofreció el doble para corresponder la “generosidad” del sistema, convirtió el “pase de charola” en escándalo internacional, en cabeza de turco al líder del PRI, Genaro Borrego y en Premio Nacional de Periodismo a Francisco Barradas, de El Financiero, por la Noticia del Año. El episodio lo cuentan Claudia Fernández y Andrew Paxman en El Tigre. Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa.

La misma mecánica opera en los estados. Partidos y aspirantes a gobernadores y alcaldes reciben dinero de empresas y contratistas, pues el financiamiento público no basta para pagar estructuras, cobertura mediática y votos.

Las cosas empeoran cuando los cárteles “invierten” en las campañas y entregan maletas con dinero a candidatos, según han denunciado exzetas en cortes texanas. En estos casos, no solo reciben protección, territorios e impunidad, sino también poder para cometer atrocidades como las de Allende y Piedras Negras, denunciadas en Estados Unidos, pero no en México.