Por causas que ya Usted imaginará, el último documento respecto a la medición de Pobreza infantil y adolescente en México, elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), fue emitido desde el año 2022; después de ese, no existe otro oficial. En dicho informe se detallaban con claridad los índices alcanzados en ese año sobre la pobreza infantil y adolescente, la pobreza multidimensional y las carencias sociales que afectaban a niñas, niños y adolescentes, mismas que hacen imposible el cumplimiento o respeto a las garantías básicas de nuestros niños mexicanos.

En el resultado del estudio mencionado, estos organismos daban cuenta de que, en México, la pobreza afecta a casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes, ya que el porcentaje de los mismos, representa el 45.8% de la población de 0 a 17 años, la cual, a ese año, vivían en pobreza; lo que equivalía a 17 millones de niños en estado de precariedad. Así pues, aunque no oficial, se dice que, en 2024, alrededor del 45.8% de la población infantil en México sigue viviendo en esta condición de escasez, lo que, si bien es cierto, representa una disminución, también cierto es que el número oficial no ha sido confirmado.

Es necesario mencionar que nuestro Estado mexicano, últimamente, ha signado una infinidad de tratados, convenios y compromisos en los cuales promete a la comunidad internacional velar por el cumplimiento de los nuevos derechos de los menores; al punto de prometer la implementación de políticas públicas que les garanticen a nuestros niños derechos, tales como: el derecho al acceso a Internet, así como a todo tipo de tecnologías de la información y comunicación, y que con esto, puedan ejercer su derecho a participar en la sociedad digital. Este derecho incluye la posibilidad de buscar, recibir y difundir información de todo tipo, incluyendo Internet, y de forma segura, lo que evidentemente no va a pasar.

Es evidente que los derechos contemplados en el párrafo anterior, evidentemente son parte de esta demagogia que cotidianamente ejerce el régimen gobernante, ya que, contrario a lo anterior, en los informes de organismos nacionales e internacionales, se establecen que los niños y niñas mexicanos siguen siendo el grupo de la población con los niveles más altos de pobreza, al punto de descubrir la gravedad de las condiciones que viven la niñez y la adolescencia indígena, de la cual, la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza extrema (50.2%), y casi en su totalidad, carecen de acceso a la seguridad social (93.9%) y peor, estos grupos se conforman de niños y niñas en la primera infancia, quienes son los que viven en condiciones de mayor pobreza (48.1%) y menos acceso tienen a la seguridad social (59.3%).

Todo lo anterior se da en nuestro país, a pesar que en su legislación, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se contemplan de manera estricta, en una diversidad de leyes; incluso, desde el año 2000, dichas garantías infantiles fueron adoptadas en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, mientras que en 2014 se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, inspirada en un documento internacional de la Organización de las Naciones Unidas, ambos ordenamiento, hoy como nunca, en México, son letra muerta… continuará.