Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó las medidas cautelares que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en favor de los 30 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), investigados por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de la “persecución mediática y ministerial de que han sido objeto”.

Sin embargo, la FGR, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, reviró que no comparte la postura del organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra, ya que en ningún momento ha hecho públicos datos de la carpeta de investigación, así como de las personas posiblemente inculpadas.

“ En respuesta a su oficio número 62482 de fecha 22 de octubre de 2021, me permito manifestar a usted que se acepta dicha comunicación; pero no así su contenido, por las siguientes razones:

“ A todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio; y, en ningún momento, se les ha expuesto a los medios de comunicación; y ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes”, respondió la FGR.

Mediante un comunicado emitido este sábado, la FGR enfatizó que ha cuidado y cuidará el debido proceso en éste y en todos los casos en los que interviene.

Indicó que su posicionamiento, en su comunicado FGR 377/21, se refirió única y exclusivamente a instituciones y temas judiciales y procesales que reflejan su derecho a ejercer sus funciones ministeriales de orden constitucional.

“ Respecto a toda esta situación es necesario tener presente, con toda claridad que, de conformidad con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existe reserva alguna en la información sobre posibles hechos de corrupción”.

Y añadió: “También, es necesario tomar en cuenta que los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, peritos y personal de apoyo, como personas que están cumpliendo con sus funciones, son merecedores de las medidas necesarias para proteger sus derechos humanos, que están amparados por el orden jurídico mexicano”.