Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) instruyó a los gobiernos estatales a armonizar sus leyes locales con la nueva legislación federal en materia de extorsión y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) emitir un manual de operación para la atención de este delito, como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Lo anterior conforme a los acuerdos aprobados durante la LII Sesión Ordinaria del CNSP, celebrada el 11 de diciembre de 2025, y publicados este sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con lo publicado en el DOF, las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas deberán presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma necesarias para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, y notificar dichas acciones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El plazo establecido para cumplir con estas reformas vence el último día hábil de enero de 2026.

En tanto, la Fiscalía General de la República deberá emitir, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un manual de operación para las fiscalías o unidades especializadas encargadas de la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión.

En materia de información y medición del delito, el Consejo aprobó los Lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), cuya aplicación será obligatoria para las fiscalías a partir de enero de 2026.

Asimismo, se avaló la incorporación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información.

Por otro lado, el CNSP instruyó la actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres, con un plazo máximo al último día hábil de agosto de 2026, y ordenó avanzar en la transición del Certificado Único Policial hacia una Certificación Básica Policial, cuya metodología deberá quedar definida antes de junio de 2026.

Con información de La Razón