Nueva York.- Una coalición de fiscales generales estatales demandó al gobierno de Estados Unidos el martes por su decisión de recortar 11.000 millones de dólares en fondos federales destinados a iniciativas de COVID-19 y varios proyectos de salud pública en todo el país.

Fiscales generales de 23 estados presentaron la demanda en un tribunal federal de Rhode Island. Entre ellos se encuentran la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, así como el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el Distrito de Columbia.

La demanda argumenta que los recortes son ilegales y que el gobierno federal no proporcionó una “base racional” o hechos para justificar los recortes. Los fiscales generales afirman que resultará en un “daño grave a la salud pública” y pondrá a los estados “en mayor riesgo de futuras pandemias y la propagación de enfermedades que de otro modo serían prevenibles, además de cortar servicios vitales de salud pública“.

La demanda solicita al tribunal que detenga inmediatamente al gobierno del presidente Donald Trump de rescindir el dinero, que fue asignado por el Congreso durante la pandemia y se utilizó principalmente para esfuerzos relacionados con el COVID-19, como para las pruebas y vacunas. El dinero también se destinó a programas de adicciones y salud mental.

“Recortar estos fondos ahora revertirá nuestro progreso en la crisis de los opioides, sumirá nuestros sistemas de salud mental en el caos y dejará a los hospitales luchando por atender a los pacientes”, dijo James el martes en una conferencia de prensa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que comenzó a entregar avisos de despido a los empleados el martes en lo que se espera que sean 10.000 despidos en total, señaló que no comenta sobre litigios en curso.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, mencionó el comunicado emitido por la agencia la semana pasada, cuando se anunció la decisión de recuperar el dinero. El HHS dijo entonces que “ya no desperdiciará miles de millones de dólares de los contribuyentes respondiendo a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años”.

Los departamentos de salud pública locales y estatales siguen evaluando el impacto de la pérdida de fondos, aunque la demanda señala que la recuperación de fondos pone en riesgo cientos de empleos y debilita los esfuerzos para frenar enfermedades infecciosas como la gripe y el sarampión.

California podría perder cerca de 1.000 millones de dólares, según un comunicado de la oficina del fiscal estatal Rob Bonta. Ese dinero apoya una serie de iniciativas de salud pública, incluidos programas de prevención de trastornos por uso de sustancias, esfuerzos de vacunación y prevención de la gripe aviar.

Funcionarios de salud en Carolina del Norte, que se unió a la demanda, estiman que el estado podría perder 230 millones de dólares, lo que perjudicaría a decenas de departamentos de salud locales, sistemas hospitalarios y universidades, así como centros de salud rurales. Por lo menos 80 empleos gubernamentales y decenas de contratistas se verían afectados, según funcionarios de salud estatales.

“Existen formas legales de mejorar cómo se utilizan los dólares de los impuestos, pero esta no fue una de ellas”, afirmó el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson. “Suspender inmediatamente programas críticos de atención médica en todo el estado sin autoridad legal no sólo está mal, sino que pone vidas en riesgo”.

Hasta ahora, ya se han cancelado más de una veintena de subvenciones de investigación relacionadas con el COVID-19 financiadas por los Institutos Nacionales de Salud.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de marzo muestran que el COVID-19 causó la muerte de 411 personas a la semana en promedio, a pesar de que la emergencia de salud pública federal ha terminado.