Ciudad de México.- A decir de Alfredo Higuera, fiscal especial en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de República, entre 2011 y 2018 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C, más de 280 millones de pesos de manera ilegal y por ello “no hay duda”, dijo. Añadió que la fiscalía replanteará la acusación porque considera que hubo conductas orquestadas y pedirá cárcel para de 31 integrantes de la comunidad científica.

“ El foro finalmente que debiera ser un órgano interno se traduce en una asociación civil, en un ente privado, y le dieron de 2011 a 2018 alrededor 280 y tantos millones de pesos”, afirmó Higuera Bernal en entrevista con Ciro Gómez Leyva, donde agregó que replantearán la acusación contra los 31 científicos para que se revise el tema de manera integral.

El fiscal detalló que el Foro Consultivo es una especie de subvención de financiamiento para la operación de un ente privado, “pero lo más delicado es que se hace esto a través de una fuente presupuestal, de una partida que estaría destinada sólo a impulsar, a realizar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que es aplicada en este caso para fines de una operación general, pagos de salarios, pagos de servicios, seguros de viajes, viáticos, insumos y demás”.

Calificó que hay un “direccionamiento irregular, una asignación irregular de los recursos, una aplicación igualmente indebida que se considera que esto se hizo en beneficio y aprovechamiento de quienes estuvieron disponiendo y recibiendo los recursos durante un buen numero de años”.

Según el fiscal no se cuestiona ni la calidad profesional de las personas que puedan estar contempladas y que no se pretende atropellar a la comunidad científica, que e un tema de manejo de recursos que se considera al margen de la ley, y que por ello continuarán por el asunto y replantearán la acusación contra los 31 científicos, porque consideran que el juez no realizó una investigación exhaustiva, que no atiende la totalidad de los planteamientos que se hicieron.

“ Significa volver a llevar ante una autoridad judicial la solicitud, en términos de fondo similares a lo que se ha hecho, con la pretensión de que se logre que la autoridad judicial analice integralmente los hechos y los elementos o datos de prueba con que se cuenta para eso”, dijo y reiteró que las ordenes de aprensión en el nuevo sistema de justicia penal no son sino un mero medio de conducción al proceso.

Dijo que los jueces dictarán las medidas que ellos consideren pertinentes, pero que la Fiscalía General de la República agotará las instancias correspondientes porque lo que exigen es que se analice la totalidad de los hechos.

Ante la pregunta de si el Foro Consultivo es un organismo legal, pues realiza funciones públicas y entonces podría ser legal, el manejo que hicieron de recursos, el fiscal Higuera dijo que habría que ver incluso la legalidad misma, “la ley contempla la existencia de un foro, no que exista como un ente privado,. Si el estatuto lo prevee habría que ver entonces si el estatuto puede rebasar o modificar sustancialmente las disposiciones de una ley que tienen una primacía sobre un estatuto”.

Higuera reconoció que la Ley de Ciencia y Tecnología, la ley orgánica del Conacyt habla de la existencia de un foro consultivo con fines de asesoría, con fines de opinión, con fines de apoyo a la estructura directiva del organismo; sin embargo, dijo, que por determinación de quienes dirigían el Conacyt, se generaron algunas disposiciones en el estatuto orgánico de esa dependencia para darle una connotación de organismo privado a ese foro consultivo.

“ Que en todo caso debiera ser un órgano interno para cumplir con esos fines de asesoría, consultoría y opinión, sin embargo se crea un ente privado a través de la figura de asociación civil, esto es un ente desprendido ya, al menos en la formalidad, de la estructura del Conacyt, y empiezan a asignársele recursos que en el lapso de varios años arriban a cerca de los 250 millones de pesos para fines de la operación general”, ya luego dijo que eran más de 280 millones de pesos en el lapso de 2011 a 2018.

Insistió en que “no se trata de ningún atentado, de ninguna persecución contra la comunidad científica ni el sector académico, esta es simplemente un asunto estrictamente jurídico, de naturaleza penal en dónde la Fiscalía General de la República está buscando cumplir con su misión, la que establece la Constitución y establece la ley que es la de investigar y perseguir los delitos”.