Generaciones de mexicanos crecieron bajo la cultura del fraude electoral. El primer candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario (precedente del PRM y el PRI), Pascual Ortiz Rubio, ganó por esa vía las elecciones extraordinarias de 1929 convocadas tras el asesinato de Álvaro Obregón, quien, en flagrante violación al postulado maderista, se reeligió para un periodo interpuesto. Ortiz recibió un disparo en el rostro después de rendir protesta el 5 de febrero de 1930. El trauma y la intromisión de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la Revolución, le impidieron gobernar. Renunció el 2 de septiembre de 1932 y el Congreso nombró en su lugar a Abelardo L. Rodríguez.

Desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari, el presidente de turno nombró sucesor. Las elecciones casi siempre resultaron fraudulentas. El Estado y su partido volcaban en cada proceso todos los recursos a su alcance para perpetuar la dictadura perfecta, definición que Mario Vargas Llosa le dio a nuestro sistema político en 1990. La segunda elección más cruenta, después de la de Ávila Camacho -sucesor de Cárdenas-, fue la de Salinas. Decenas o acaso centenas de simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional (FDN), compuesto por grupos de izquierda y corrientes del PRI inconformes por la imposición de Salinas, murieron de forma violenta.

Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez fueron asesinados el 2 de junio de 1988 en Ciudad de México, cuatro días antes de las elecciones. Ovando había diseñado una red en todo el país y era responsable del Cómputo Electoral Nacional del FDN cuya función consistía en reunir los resultados de manera inmediata. El dato es relevante, pues cuando Cárdenas aventajaba en las votaciones, la Secretaría de Gobernación suspendió el cómputo y al reanudarlo declaró ganador a Salinas. Nadie se tragó el anzuelo.

Cárdenas homenajeó en 2007 «a los casi 600 militantes del Frente Democrático Nacional (FDN) y del PRD asesinados durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo» (La Jornada, 29.08.07). Los casos de Ovando y Gil, lo mismo que otros crímenes políticos, jamás fueron aclarados. Con la muerte de Ovando «cerraron la posibilidad de que se conociera cómo se dio la elección», denunció el tres veces candidato presidencial. El PAN, la oligarquía y los poderes fácticos avalaron el triunfo de Salinas. Los grandes medios de comunicación coadyuvaron a crispar el clima contra el PRD.

Para afrontar las protestas sociales, lavarse la cara y dotar al país de un sistema electoral confiable, el Gobierno federal respondió a cada fraude con una reforma política. El presidente Ernesto Zedillo, candidato emergente del PRI por el asesinato de Luis Donaldo Colosio (otro crimen de Estado impune), dio pasos importantes en ese sentido. Dotar al Instituto Federal Electoral (IFE) de autonomía y de un consejo ciudadano abrió la puerta a la primera alternancia, encabezada por Vicente Fox (PAN). Seis años después, el conflicto por la imposición de Felipe Calderón provocó una nueva crisis. El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y otros consejeros fueron removidos de sus cargos. La elección de Peña Nieto también resultó irregular, pues gastó más de 4 mil 500 millones de pesos en su campaña cuando el tope era de 336 millones. El escándalo provocó la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral (INE).