Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó el amparo concedido a José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous, quienes impugnaron que una nueva área de la fiscalía comenzó a investigarlos, pese a que un juez de control resolvió que no hay delito que perseguir.

El magistrado Juan José Olvera López dijo que la FGR sigue tratando de “eludir” que este asunto ya es cosa juzgada, al reenviarlo a otra autoridad.

“ Insistir en mantener una carpeta de investigación abierta, trasgrede los derechos fundamentales, primero de legalidad, porque debiera mandar al archivo el asunto; y de seguridad jurídica, porque mantiene una investigación abierta sin justificación, de ahí que debe confirmarse la concesión de amparo como lo hace el juez de Distrito, para que se archive esa carpeta de investigación como asunto concluido”, expresó.

El magistrado ponente subrayó que la autoridad ministerial trata de reenviar el asunto a otra área “para dejarla fuera del alcance del amparo”.

“ …y en este caso lo estamos viendo, lo está renviando a otra autoridad y esa autoridad viene diciendo: ‘es que yo ahora estoy investigando y es mi facultad y aquí los estoy investigando por otro delito’.

“ La premisa es la misma de origen, que ya se concluyó que, esos hechos no son delito”, enfatizó Olvera López.

Reiteró que a quien le manden la carpeta, ya está obligado a archivar.

El asunto tiene que ver con la resolución dictada en septiembre de 2021, cuando Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, rechazó librar 31 órdenes de aprehensión porque determinó que no se configuraban los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no apeló el fallo y envió un desglose de la carpeta de investigación a Diana Ruiz Ballado, agente del Ministerio Público titular de la Mesa Décimo Octava de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, para dar inició a una nueva indagatoria por otros delitos.

La carpeta original tuvo su origen por una denuncia presentada por el Conacyt, con relación a los fondos destinados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., asociación que sirvió como órgano asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hasta su disolución en 2020.

Según la investigación de la FGR, los académicos y científicos recibieron 244 millones de pesos que fueron destinados al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en el sexenio pasado, particularmente, de 2013 a junio de 2019.

Información por Milenio