Después del fallido ejercicio de Revocación de Mandato que solicitó el Presidente, que costó mil 700 millones de pesos, que tuvo participación del 17.6%, y que en promedio costó 180 pesos el voto, por cierto el más caro de la historia, considerando la relación costo del ejercicio/participación, toca el turno de hablar de la Reforma Eléctrica que plantea López Obrador.

El Presidente de la República presentó el 30 de septiembre de 2021 ante la Cámara de Diputados la “iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía y recursos naturales” (la “iniciativa de reforma”), la cual, de aprobarse en sus términos, representaría cambios fundamentales en la industria energética de México.

Se trata de una reforma que implica cambios drásticos en la industria y una afectación sustancial a la inversión privada. Por disposición expresa de esta reforma, todos los permisos de generación eléctrica otorgados a particulares a la fecha, así como los contratos de compraventa de electricidad que estos hayan celebrado, serían cancelados.

¿Que significa esto? Que básicamente desaparecería el mercado eléctrico mayorista en México y existirá un nuevo régimen controlado por el Estado mexicano a través de la CFE.

En este nuevo régimen, los particulares solo podrían aportar hasta 46% de la energía requerida por el país, y lo harían bajo los términos y condiciones que la propia CFE determine unilateralmente, “considerando los costos totales de producción” y “garantizando los costos más bajos para el servicio público.”

El estado mexicano, por conducto de la CFE, retomaría el control monopólico del sector eléctrico nacional, siendo el órgano encargado de: la distribución, transmisión, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, la compraventa de energía eléctrica a los generadores privados, la venta exclusiva de energía eléctrica a los usuarios finales, la regulación tarifaria en distribución, transmisión y costo final de energía eléctrica, y el control y operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Con la iniciativa de reforma se pretende que la Comisión Reguladora de Energía sea “suprimida” con la intención de que la Secretaría de Energía absorba sus funciones y estructura. Adicionalmente, el Centro Nacional de Control de Energía se reincorporaría a la estructura organizacional de CFE.

Con estos cambios, la energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado únicamente podrá ser adquirida por el Cenace mediante la celebración de contratos de cobertura financiera bilateral de largo plazo o mediante los mecanismos contractuales que determine la CFE bajo un “régimen especial de contratación” distintos a los establecidos en el Artículo 134 Constitucional, creándose un régimen de contratación pública excepcional. El Cenace adquiriría dicha energía eléctrica del sector privado tomando en cuenta la competencia entre dicho sector y sus costos de producción.

Como puede observarse, los cambios implementados por esta iniciativa de reforma son fundamentales. Para que esto suceda, debe ser aprobada por el voto de dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus Cámaras, y además ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 31 estados y la Ciudad de México.

Esta “iniciativa de reforma” orillaría que numerosas empresas extranjeras valoren la opción de demandar al estado mexicano ante tribunales arbitrales internacionales, exigiendo el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que les cause la violación de sus derechos internacionales en materia de promoción y protección de inversión extranjera.

Esta “iniciativa de reforma” afectaría a desarrolladores, generadores, suministradores calificados y general a los participantes de la industria energética incluyendo a los diversos sectores de la sociedad, al medio ambiente y, sobre todo, a la libre competencia en el sector energético.

La buena noticia es que la alianza Va por Mexico resulta un dique para los fines del Presidente y de Morena, pues estos últimos necesitan 54 votos más para lograr la aprobación de la reforma constitucional en los términos que la quieren.          O hay de dos sopas para Morena, o dialogan y acuerdan o se rechaza. ¿Usted que opina?

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.