Saltillo, Coah.-  La interrupción legal del embarazo de la niña de 11 años, víctima de violación en Nueva Rosita, no está sujeta a debate ni a valoración, aclaró la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, al señalar que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho y actuar como garante del interés superior de la menor, incluso por encima de posturas personales o familiares.

La fiscal especializada, Katy Salinas, explicó que la confusión generada en redes sociales parte de interpretaciones erróneas, ya que lo único que actualmente se revisa con el Sector Salud es el protocolo médico y las condiciones clínicas, debido a que la menor cursa las 28 semanas de gestación, lo que representa riesgos.

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Eso no está en discusión, tampoco está a discusión el hecho de que si ella tiene derecho a interrumpir o no el embarazo, por supuesto que lo tiene. Así lo establecen todas las legislaciones internacionales, nacionales y estatales”, subrayó.

El caso se detectó cuando la menor ingresó al IMSS por malestares, donde se confirmó el embarazo. De inmediato se dio vista a la Fiscalía, se abrió una carpeta de investigación y el presunto agresor -su padrastro- fue detenido y ya enfrenta proceso penal ante un juez en la Región Carbonífera.

Salinas enfatizó que la intervención tiene como eje la protección integral de la menor, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), el DIF Coahuila y autoridades del sector salud.

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El trabajo de la Fiscalía, en conjunto con las instituciones protectoras, es siempre para proteger a las niñas y los niños. Estamos cumpliendo el protocolo de protección a la infancia y brindando un acompañamiento integral”, explicó.

La funcionaria precisó que el derecho de la menor no depende de opiniones externas ni de interpretaciones sociales, ya que la ley es clara en materia de violencia sexual infantil y en el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación.

Además, advirtió que en Coahuila la legislación es especialmente protectora, al establecer que cualquier relación sexual con menores de 15 años se considera violación, independientemente de que exista un supuesto consentimiento.

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En ningún caso se justifica que una persona sostenga una relación sexual con una niña menor de 15 años bajo el argumento de que consintió, porque por su edad no está en la capacidad suficiente para tomar esa decisión”, indicó.

La fiscal explicó que el Estado debe actuar como garante de derechos cuando se trata de niñas y niños, por lo que las decisiones se toman bajo criterios médicos, jurídicos y de protección integral, no bajo percepciones individuales.

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El derecho de la niña no está sujeto a valoración. Lo que estamos haciendo es cumplir el protocolo, que implica acompañamiento psicológico, médico y jurídico, y estamos trabajando desde el primer día para protegerla”, reiteró.

Salinas también pidió evitar la desinformación, al señalar que el actuar de la Fiscalía ha sido inmediato y conforme a la ley, y que la confusión surgió a partir de interpretaciones derivadas de encabezados que no reflejaban el contenido completo de la información.

En lo que va de 2026, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez ha iniciado alrededor de 20 carpetas de investigación por violación contra menores de entre 10 y 13 años, todas judicializadas, y advirtió que uno de los principales focos de riesgo es la violencia sexual al interior de los hogares.

La dependencia reiteró el llamado a denunciar de manera oportuna, incluso de forma anónima, para permitir la intervención inmediata de las autoridades y garantizar la protección de niñas y niños víctimas de violencia.