Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó este sábado que la investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue judicializada desde septiembre pasado.

Es decir; argumentó que el proceso quedó bajo la conducción directa del ex Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y no de la actual titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy.

En un comunicado, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal revisa actualmente la indagatoria para verificar que haya sido integrada conforme a derecho, luego de que el asunto ya fue llevado ante un juez federal meses atrás.

“ El Ministerio Público Federal analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”, señaló la dependencia.

La Fiscalía rechazó que exista una persecución política o una actuación por consigna en el caso de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien fue citada a audiencia para ser imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por Pemex tras la muerte de su esposo.

“ La #FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”, subrayó la FGR.

La FGR procedió penalmente contra Casar en el caso de la supuesta obtención ilegal de la pensión vitalicia por la muerte de su esposo.

Casar fue citada para el próximo martes a una audiencia ante Diana Selene Medina Hernández, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, para ser imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, informaron fuentes judiciales.

La diligencia se llevará a cabo por solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, que pretende que sea vinculada a proceso por esta conducta que se sanciona con 6 meses a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario.

Conforme a los antecedentes del caso, el 10 de enero de 2005, Pemex le otorgó a la analista política una pensión de forma vitalicia por el fallecimiento de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, y desde entonces los pagos se le hicieron de manera ininterrumpida.

Pero en marzo de 2024, la empresa productiva del Estado dejó de depositar esta pensión de la que son beneficiarios Casar y sus dos hijos, motivo por el que la presidenta de MCCI presentó un amparo.

La demanda de garantías de Casar ocasionó una reacción de la empresa productiva del Estado y del Gobierno federal

El 5 de abril del mismo año, Pemex presentó una denuncia penal contra Casar ante la FGR y 10 días después, tras precisar las circunstancias y los hechos, inició la carpeta de investigación y comenzó a solicitar información para integrar el expediente.

El Gobierno además demandó a Casar por 31 millones de pesos y publicó un micrositio con documentos sobre el caso de la muerte de su esposo, además de datos personales.

En su conferencia matutina del 3 de mayo de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Casar de haber cambiado el acta de defunción de su esposo, de suicidio por accidente, cuando “cayó” de la Torre de Pemex, con el fin de cobrar una pensión por 123 mil pesos mensuales.