Ciudad de México.- En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo. Pero en México es al revés. Según las cifras del Gobierno federal, las Fuerzas Armadas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que existen evidencias claras de que “hay ejecuciones
sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años 70 del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército mata a ocho enemigos por cada uno que logra herir. En el caso de la Marina, considerada la fuerza de élite en México, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada herido.

Las cifras se desprenden del documento Índice de Letalidad 2008-2014: Disminuyen los Enfrentamientos, Misma Letalidad Aumenta la Opacidad, publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado. Las ejecuciones sumarias desataron escándalos principalmente en Guerrero y Michoacán, aunque en el centro y el norte del país brotan casos relacionados con secuestros y homicidios perpetrados por marinos y militares.

Los recientes escándalos relacionados con el Ejército y la Marina han obligado a sus titulares a pedir disculpas y a señalar que los penosos casos de tortura no reflejan la verdadera labor de las Fuerzas Armadas, que con “lealtad como origen y destino”, están para servir al pueblo de México.

Sin embargo, los abusos, planteados como hechos concretos, “golpean” la credibilidad del discurso de las instituciones, sus representantes y sus operaciones ante la opinión pública.

CUBIERTOS POR EL VELO PRESIDENCIAL

Aun así, las Fuerzas Armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al
combate.

Las Fuerzas Armadas mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista del New York Times. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos a la prensa mexicana a más de un mes que pidió disculpas por los casos de tortura evidenciados en redes sociales en Ajuchitlán, Guerrero, donde un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la Policía Federal le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla.

En México, donde menos del 2% de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema
judicial.

SE INCREMENTA LA PRESIÓN EXTERNA

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido controversial.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el Gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que en esta Administración las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por callar. Desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

LM