El debate sobre la Ley de Seguridad Interior escapó de la prisión donde el PRI pretendía encerrarlo, en los territorios del Senado. Y se fue por las calles, caminos y andurriales del país. He aquí ahora al general de división en situación de retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, desde una oficina de Cencos, en la lectura de un posicionamiento de él y otros generales retirados:

“La Ley de Seguridad Interior es una pinza en la declaración de guerra contra las drogas, la aplicación del Estado mexicano en los temas de defensa y seguridad, el sometimiento de las fuerzas armadas (mexicanas) al Pentágono a través de tratados de asistencia militar, la reforma de justicia penal, la ley de Seguridad Nacional, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mando único, la gendarmería; todas estas reformas o iniciativas encaminan a instituir un Estado policiaco- militar de corte fascista en México.

“La Ley de Seguridad Interior es una maniobra concebida por la clase política y la oligarquía ponderada en complicidad con los medios de comunicación, por grupos sociales, empresariales y poderes públicos, para entregar la energía del país a los intereses del gran capital internacional.

“Hay una acechanza en contra de nuestro país porque es un país muy rico, pero empobrecido por la clase política y la oligarquía.

“La aceptación del neoliberalismo por Miguel de la Madrid en la década de los Ochenta rompió la política proteccionista y el sentido social del Estado mexicano; el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, de Salinas de Gortari, que abre indiscriminadamente las fronteras para bienes y servicios en 1994, lo que ha traído una afectación al campo  y al Sistema Alimentario Nacional  y a la distribución de la riqueza.

“La Firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, conocida como Aspa, de Vicente Fox Quezada,  quien hizo reformas a la Constitución para poder entrometerse  unilateralmente en los temas de seguridad nacional y constituir un Estado supranacional de corte empresarial que abre las puertas de la energía a espaldas del Congreso y la sociedad.

“La renuncia a la protección de nuestra integridad territorial y de defensa, cuando Felipe Calderón, en complicidad con el Congreso y la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firma la Iniciativa Mérida,  un tratado sobre seguridad que ayuda a la asistencia militar, que viola la Ley de Conservación y Neutralidad, decretada por el general Cárdenas en 1939 y que está vigente.

“Las reformas estructurales que impulsa Enrique Peña Nieto  para entregar el petróleo y otros recursos naturales al gran capital  trasnacional, la licencia  para que fuerzas de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos operen armadas dentro de territorio nacional y se entrometan en los asuntos internos y la mención al acuerdo geopolítico conocido como Tratado de Asociación Transpacífico, que responde más a intereses en busca de equilibrios de carácter económico de los grandes centros de poder mundial,  muy ajenos a los intereses nacionales y contrapuestos a los principios  de política exterior sancionados en nuestra constitución.

“En las circunstancias antes descritas, ¿quién puede oponerse a estas políticas de entrega de la nación?  

“Los servicios de inteligencia de los grandes centros de poder político, económico y militar apuntan que la máxima amenaza a la seguridad global  y a los intereses del gran capital nacional e internacional son los movimientos sociales.

“La participación de los ciudadanos en la tomas de decisión del gobierno, la protesta en contra de políticas públicas arbitrarias  y la resistencia de los pueblos en la lucha por su sobrevivencia, la agrupación de sus territorios y orientar la extracción y explotación de sus recursos naturales, por tal motivo y en esta situación la Ley de Seguridad Interior, que permite la participación abierta y sin controles institucionales a las fuerzas armadas en los temas  de seguridad pública,  si bien puede ser legal a los ojos de los traidores a la Patria,  es inconstitucional porque trasgrede los fundamentos de seguridad y certeza jurídica de protección de los derechos humanos  y violenta los principios de soberanía y seguridad del Estado.

“Por tanto,  todo acto de autoridad, jurisprudencia, disposición legal por tratado internacional que contravenga la constitución de la República, son nulos  de pleno derecho. Como es nula de pleno derecho la Ley de Seguridad Interior.

“No obstante los llamados y señalamiento de organismos internacionales, el gobierno hace caso omiso, incluso con la carga de haber provocado con una política de seguridad equivocada, una  crisis humanitaria de gran envergadura,  que ha colocado a nuestro país en el escarnio internacional.

“Con la Ley de Seguridad Interior se trata de  militarizar a la sociedad, para asentar una política de miedo como un mecanismo de control  social criminalizando la protesta social e inhibir la lucha de hacer valer los derechos sociales.

“En esta coyuntura social, además, tiene por objeto intervenir  antes, durante y después de las elecciones para inhibir y obstaculizar el ejercicio del voto  y la participación ciudadana, y así poder  estar en condiciones de atajar los avances democráticos del pueblo mexicano, en la búsqueda de un nuevo proyecto de nación que tenga como eje conductor el respeto a los derechos humanos  y a la dignidad de las personas.

“La Ley de Seguridad Interior es una política de Estado que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional  y a la sobrevivencia del desarrollo democrático  del pueblo de México.

“Si el gobierno no respeta la Constitución, el pueblo  debe desconocer al gobierno”.

Turno hoy del Senado. Sesionará. Veremos.