Las fotografías de Emilio Lozoya cenando en el restaurante Hunan, han tenido un impacto más profundo dentro del Gobierno de lo que se ha documentado y apreciado. Fracturó la relación de confianza entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero, y al mostrarse obscenamente los privilegios para un exfuncionario corrupto al que acogieron para darle sentido a la lucha contra la corrupción, generó una fuerte tensión entre ambos por el ridículo en el que quedaron.

Gertz Manero está enfurecido como difícilmente había estado en el sexenio, y debe sentirse humillado porque fue regañado, maltratado e incluso, trascendió, insultado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al Presidente, sin embargo, no le falta razón en haber tundido al fiscal.

Las fotografías de Lozoya Austin hace dos sábados celebrando un cumpleaños en el Hunan, provocó la explosión de López Obrador desde el mismo momento en que su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, le informó lo que había sucedido y el impacto en las redes sociales de las fotografías tomadas por la periodista Lourdes Mendoza.

No está claro en qué momento la comunicaron al Presidente del escándalo que estaban causando las fotografías, pero pidió hablar con Gertz Manero, aparentemente de manera presencial.

Las palabras con las que el Presidente criticó la arrogancia de Lozoya al presentarse en un lugar público sin mayor recato, fueron contenidas ante la opinión pública. “Inmoral”, “imprudente” y un “acto de provocación”, describió puntualmente lo que había sucedido.

“Inmoral”, porque Lozoya es un delincuente confeso de corrupción multimillonaria. “Imprudente”, al no haber medido los riesgos que su acción conllevaba y las consecuencias que podría tener. “Acto de provocación” se puede leer en dos sentidos: contra la sociedad, por el desplante arrogante que mostró, y contra el propio Gobierno, al transmitir un mensaje de impunidad arropada por la Fiscalía General, que minaba la cruzada contra la corrupción.

López Obrador pidió explicaciones a Gertz Manero del por qué Lozoya pudo ir a un restaurante de lujo en un sábado por la noche, y no mantener un bajo perfil. El fiscal general, que por lo trascendido escuchó los insultos y las malas palabras de un Presidente empapado en cólera por el impacto político que sobre él y su mandato de luchar contra la corrupción tenían, reconoció que nunca se establecieron con él las reglas para limitar sus apariciones públicas.

No fue la primera ocasión que lo había hecho Lozoya, pero la anterior vez que una persona lo captó en una fiesta, no tuvo las repercusiones que tuvieron las imágenes de Mendoza.

Gertz Manero se comprometió con el Presidente a proporcionarle un informe sobre el episodio, pero hasta donde se sabe, al terminar la semana, aún no se entregaba en Palacio Nacional.

Lo que sí sucedió fue que el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalman, fue convocado una reunión urgente el martes pasado con María Luisa Zúñiga, la directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial y subordinada del subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, quienes han llevado el caso Lozoya. La reunión fue descrita como tensa, al transferirle a Lozoya Thalman parte del coraje de Gertz Manero tras la regañiza presidencial.

La tunda al fiscal la debió haber sentido el padre del delincuente, que salió de la reunión con la cara descuadrada. Le reclamaron por qué no se había presentado a los citatorios judiciales derivados de dos carpetas de investigación en contra del exdirector de Pemex, y en particular el de la demanda por difamación y daño moral que presentó la periodista Mendoza, por las mentiras probadas por ella ante tribunales en las que incurrió Lozoya, para imputarla en casos de corrupción.

También salió de esa reunión una declaración del abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, para precisar –como lo llamó– el estatus legal del exdirector de Pemex, que resultó en un galimatías que terminó dándole la razón a la columnista.

El caso Lozoya se le sigue complicando a Gertz Manero, literalmente con el paso de las horas, y no se ve cómo evitará que su investigación joya contra la corrupción colapse.

El 3 de noviembre Lozoya tiene que aportar ante el juez las pruebas que soporten sus denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto, contra varios exsecretarios de Estado, exfuncionarios de Pemex y políticos panistas, así como aquellas contra Mendoza. Estamos a tres miércoles de que eso suceda, y como se planteó el viernes pasado en este espacio, si en casi año y medio no entregó ninguna prueba que sustentara sus acusaciones, ¿qué hace pensar que ahora sí lo hará?

Una conjetura simple lleva a pensar que, si tuviera pruebas, hace tiempo que las habría presentado. No ha sido así, y algunas órdenes de aprehensión que se solicitaron a partir de sus denuncias, se cayeron por falta de soporte. Lozoya se ha burlado del Presidente, a quien le hizo creer que le iba a proporcionar combustible para su revancha vengativa, y del fiscal, que se engolosinó con el exdirector de Pemex y le regaló impunidad y buenos márgenes de libertad, para saciar su vitriólico actuar. Las fotografías y la reacción natural del Presidente, sin embargo, cambió el rumbo de las cosas.

La reprimenda inusualmente sonora del Presidente al fiscal, no se va a quedar así. Gertz Manero buscará venganza, como lo ha hecho toda la vida. Pero hoy, como una fiera herida, se vuelve más peligroso. El fiscal está echando espuma por la boca y como ha sucedido muchas veces en los últimos 20 años, fuera de control.

El Caso Lozoya, manejado de una forma eminentemente política, está llegando a su límite y en riesgo de desmoronarse. Es incierto sobre cómo actuará, porque la ley no es su estadio ni su frontera. Este es el dilema cuando hay un fiscal sin apego irrestricto por la ley, sin recato para violentarla y sin que nadie, hasta ahora, frene sus abusos y arbitrariedades, pese a sus constantes fracasos legales.