Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica a autoridades de las 32 entidades del país, con el objetivo de que se aplique durante las movilizaciones del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El documento, expuesto en una videoconferencia con los secretarios de gobierno estatales, establece que se debe garantizar la libre expresión, evitar la criminalización de las protestas y, bajo ninguna circunstancia, recurrir a la fuerza pública para reprimir a las manifestantes.

Diálogo y prevención, ejes del protocolo

Durante la reunión, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó la importancia de implementar el protocolo con seriedad y responsabilidad, privilegiando el diálogo y la concertación como estrategias clave para la gestión de las movilizaciones.

El protocolo incluye medidas como:

Atender demandas de los colectivos y ofrecer canales de comunicación.

Desactivar tensiones a través del diálogo.

Establecer puntos de evacuación en caso de incidentes.

Designar enlaces de seguimiento para la seguridad de periodistas y manifestantes.

Proteger la integridad física, bienes y seguridad de quienes participan en la protesta y de terceros.

Rodríguez destacó que el protocolo recoge las mejores prácticas internacionales, pero llamó a las autoridades locales a adaptarlo a sus propias realidades, bajo una visión humanista que garantice el derecho a la protesta sin confrontaciones.

Puntos clave del decálogo

El documento también incluye un decálogo en el que se establece que:

México garantiza la libertad de expresión y manifestación.
El gobierno no criminaliza la protesta social ni discrimina a quienes se manifiestan.
El diálogo debe ser siempre la primera opción, incluso si hay tensiones o resistencia a negociar.
El uso de la fuerza pública no debe emplearse para reprimir protestas pacíficas.
La seguridad de manifestantes y terceros será protegida en todo momento.
Se garantizará el trabajo de periodistas y comunicadores durante las marchas.
Los cuerpos de seguridad recibirán capacitaciones para priorizar la prevención y el diálogo en la atención de las protestas.

La implementación de estas medidas busca que las movilizaciones del 8M transcurran en un ambiente de respeto a los derechos humanos, sin confrontaciones ni represión.