Gerardo Aguado parecía ser la nueva figura del PAN en La Laguna, como en su tiempo lo fueron Guillermo Anaya, Jesús de León y Luis Fernando Salazar. Los diputados interpelaban al Gobernador en sus informes, y fuera del Congreso incordiaban al poder. Otros cuadros, cuyos apellidos evocaban al PAN histórico, pero sin compromiso ni talento, resultaron flor de un día. En cuanto vieron la ocasión para pasarse a las filas del moreirato y del PRI, la aprovecharon sin rubor. En la mayoría de los casos se les asignaron cargos de bajo rango. Salazar se montó en la ola de Morena, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia. Hoy es senador. Anaya y De León se mantienen fieles.

Aguado fue diputado plurinominal en el periodo 2018-2020. El asiento que ahora ocupa es por la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PAN-PRD). De haber sido postulado sólo por Acción Nacional, que obtuvo 9,812 votos, la elección en el distrito VIII de Torreón la habría ganado Vanessa Castaños (Morena), quien alcanzó casi el doble de boletas. Aguado suple la falta de liderazgo y resultados con protagonismo. La denuncia contra Ricardo Mejía, diputado federal del Partido del Trabajo, por supuestos vínculos con el narcotráfico, es hojarasca política.

Acción Nacional no es el más autorizado para dar clases de moral. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pasará el resto de su vida en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, Colorado, por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Los delitos imputados a Mejía, quien acompañaba al presidente López Obrador en las ruedas de prensa de los jueves para informar los avances de la lucha contra la delincuencia organizada, deben ser investigados. Sin embargo, los señalamientos también apuntan hacia los jefes de Mejía el sexenio anterior: Rosa Icela Rodríguez (actual secretaria de Gobernación) y el propio López Obrador.

En el caso de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Tabasco y supuesto líder de La Barredora, célula del cártel de Jalisco Nueva Generación, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es tajante: no cubrir a nadie ni permitir impunidad, pero tampoco aceptar linchamientos mediáticos. El aviso es para tirios y troyanos, cualquiera que sea su color: guinda, azul, rojo, verde naranja o amarillo. Denunciar a Mejía podría tomarse como un servicio de Aguado al gobernador Manolo Jiménez, pues ataca a uno de los principales aspirantes a sucederle. Sin embargo, en vez de ayudar, Aguado abre un frente contra el Gobierno. El diputado y líder petista no sólo culpa al Estado de instigar una campaña para desacreditarlo, sino de mantener una paz artificial y de solapar un cártel inmobiliario similar al operado por el PAN en Ciudad de México.

El beneficiario del golpe efectista de Aguado es el senador Luis Fernando Salazar, uno de los pretendientes de Morena a la Gubernatura. Pues por un lado implica a Mejía en actividades criminales, y por otro coloca al Gobierno bajo los reflectores con la intención, en ambos casos, de debilitarlos. Entrar en esa dinámica implica riesgos. La Administración de Jiménez aún no cumple todavía dos años; le falta madurar. Coahuila no afronta por ahora conflictos graves, pero una sucesión ríspida, precipitada y con aspirantes y partidos en pugna podría desencadenarlos y alterar la estabilidad política del estado. Cuando hay visos de tormenta siempre sobran pescadores dispuestos a revolver el río.