Ernesto Zedillo es uno de los pocos estadistas que han ocupado la silla del águila. El último Presidente del PRI, antes de la alternancia, no afrontó al Poder Judicial —como ahora lo hace Andrés Manuel López Obrador—, al contrario, en su toma de posesión lo ponderó: «(…) en la cúspide del sistema de justicia contamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sabido ganarse a pulso el respeto de la sociedad mexicana por su desempeño ético y profesional». Ofreció, por tanto, vigorizar «su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública». Antes del elogio había anunciado «una honda y genuina reforma de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia para hacer frente a la extendida criminalidad, a la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos, y a la grave inseguridad pública».

En ese ámbito —apuntó Zedillo— «es donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas». Citó tangencialmente los «brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública (Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu)». Enseguida puso las cartas boca arriba: «Un Poder Judicial con una renovada fortaleza se consolidará como factor de equilibrio democrático entre los poderes de la Unión (…). Será el primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema de justicia».

Al mes siguiente, la SCJN había desaparecido, lo cual, para algunos, representó un «golpe de Estado». El país permaneció más de 20 días sin Corte y no pasó nada. La reforma prometida por Zedillo en su discurso inaugural dio paso a un tribunal constitucional facultado para resolver las controversias entre los poderes y actos de inconstitucionalidad, en adición de la Ley de Amparo. Veintiséis ministros vitalicios fueron retirados con jubilaciones sustanciosas y sustituidos por 11 (número establecido por la Constitución de 1917) para un periodo de 15 años. Zedillo se sacudió la influencia de su predecesor en la SCJN. Entre los ministros nombrados por Salinas por medio del Senado figuraban el exprocurador general de la República, Diego Valadés, y el exfiscal del caso Colosio, Miguel Montes. Jorge Carpizo, futuro titular de la PGR y secretario de Gobernación, también había sido ministro por Salinas.

«Después de una larga historia de sumisión a los designios del Ejecutivo, la reforma de 1994 marcaba el inicio de una nueva época para la Corte, que se veía revestida de una capacidad inédita para actuar de manera independiente y limitar de manera efectiva el poder político», escriben Josafat Cortez Salinas y Grisel Salazar Rebolledo en «La construcción de la independencia y del poder de la Suprema Corte de Justicia en México». (Scientific Electronic Library Online, SciELO). Una de sus hipótesis sobre la reforma es «la búsqueda de legitimidad política». El PRI postuló a Zedillo tras el asesinato de Colosio y el sistema se volcó para hacerlo ganar.

Sobre el golpe a la Corte, el periodista Guillermo Mora Tavares reflexiona: «Entonces no se escucharon las expresiones de corrupción, tráfico de influencias, compadrazgo, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal fue: es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Los medios poca atención dieron a tremenda situación. Había otros temas que convulsionaban al país (…)» (Contra Línea, 12.03.23).