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Grito y mano dura

Por Gerardo Hernández

Hace 1 mes

El Plantón de la Dignidad Magisterial, iniciado en mayo frente al Palacio de Gobierno para demandar atención médica de calidad, pago de adeudos y castigo a los responsables del saqueo y la crisis en el Fondo de Pensiones, fue levantado por la fuerza pública la madrugada del martes -“por razones de seguridad”, según versiones periodísticas- para no interferir con la ceremonia del Grito. Gustavo García Torres, portavoz de la Coalición de Trabajadores de la Educación de la Sección 38 del SNTE (uno de los cotos del moreirato), pasó unas horas en prisión, supuestamente por haber alterado el orden y atacado a la autoridad. El Gobierno no informó del desalojo.

La reacción vino de parte del Obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, y del diputado federal de Morena, Francisco Javier Borrego. El primero ha acompañado a los profesores y jubilados en su plantón, junto con su predecesor Francisco Villalobos Padilla. El dominico acudió al Ministerio Público para interceder por García Torres, cuya liberación exigían más de 100 maestros. “Están en su derecho de manifestarse”, dijo el Premio Rafto 2010. El acto refleja “debilidad de parte el Gobierno (…), en el sindicato hubo robos de los ahorros y no es falso que no tienen los maestros atención médica, (las autoridades) quieren mantener la deshonestidad y no cumplir con su responsabilidad política”, advirtió.

El plantón pacífico de maestros y jubilados de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Agraria Antonio Narro fue disuelto con violencia por 200 policías estatales y municipales, acusó Borrego en rueda de prensa en la Cámara de Diputados. El legislador lagunero condenó el uso de la fuerza frente a una demanda legítima, exigió la liberación de García Torres y urgió al gobernador Miguel Riquelme a reanudar las mesas de trabajo para resolver las demandas del magisterio. Alfredo Porras demandó del Gobierno “diálogo, no prisión” y Antolín Guerrero, también diputado de Morena, advirtió sobre la imprudencia de violentar el estado de derecho.

La coalición magisterial había organizado una ceremonia paralela a la del Grito para celebrar, además de los 211 años de la Independencia, “10 años de lucha de los trabajadores de la educación en defensa de nuestros derechos humanos y sociales (y) 136 días de permanencia en un espacio ya emblemático y representativo del magisterio coahuilense libre, independiente, autónomo, promotor de una conciencia social crítica y propositiva para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática”. El programa incluía diversas actividades —entre las 19 y las 22 horas— y como plato fuerte un pronunciamiento.

La coincidencia de ceremonias —de la coalición y la oficial— pudo haber determinado el desalojo a la vieja usanza: de noche, por fuerza y sin testigos (la Comisión Estatal de Derechos Humanos vive en Babia). Sin acuerdos suscritos y definitivos, los maestros nunca habrían retirado el plantón. La respuesta del movimiento puede ser regresar a la Plaza de Armas y emprender acciones de resistencia. La Administración, al victimizarlo, le dio nuevas banderas y la presión en la Cámara de Diputados puede escalar. Un escenario no previsto por el gobernador Miguel Riquelme. El origen del conflicto es la precariedad de las finanzas públicas causada por la deuda de 40 mil millones de pesos impuesta al estado por los Moreira, cuyo servicio cuesta cada año carretadas de dinero, mientras a los profesores y jubilados no se les paga, pero sí se les reprime.

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