Ciudad de México Si das un paseo durante la hora de la comida por Polanco, una de las colonias más elitistas de la Ciudad de México, los verás. Son pequeños grupos de hombres con cuerpos atléticos vestidos con trajes grises o azules, que a menudo se perciben escaneando con atención lo que hay en su entorno.

Están ahí para proteger a los miembros de la clase política y empresarial del país. Los cuidan de secuestros, robos y asesinatos. Estos guardaespaldas se han convertido en parte fundamental de la industria de la seguridad privada en México, la cual ha crecido rápidamente.

Sin embargo, en las últimas semanas su presencia en los titulares de los diarios del país también ha crecido, debido a que se han visto involucrados en todo tipo de incidentes, desde los más comunes y triviales, hasta los violentos y peligrosos, lo cual sugiere que están actuando por encima de la ley.

“Definitivamente, estos guardaespaldas han cometido agresiones en estos días. Creo que ese sector necesita mejores leyes”, dice David Nieto, un exsoldado fornido de 38 años que se convirtió en guardaespaldas después de dejar el Ejército en 2003. “En algunos empleos me han dicho que tengo que deshacerme de alguien que los molestó, les respondo que si quieren a un matón busquen a alguien más”.

El año pasado, los medios locales informaron que varias personas murieron en distintos hechos que involucraron a guardaespaldas en la Ciudad de México. En la mayoría de los casos, ellos dispararon y mataron a presuntos delincuentes. Pero a pesar de las dudas sobre la excesiva demostración de fuerza estas acciones continúan.

Los guardaespaldas, popularmente llamados “guaruras”, también han sido relacionados con muertes que van más allá de una acción momentánea.

CASOS POLÉMICOS

El mes pasado, el procurador de Puebla anunció que en una investigación sobre seis personas desaparecidas, las autoridades descubrieron que un empresario local había ordenado asesinarlas en venganza por un robo violento.

El empresario envió a sus guardaespaldas para secuestrar, torturar, matar, mutilar y después quemar a sus víctimas.

Ni los homicidios en la capital del país, ni el horror en Puebla, recibieron tanta atención como el caso de una agresión que sucedió el mes pasado en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. La diferencia es que ésta fue transmitida en vivo vía Periscope.

En el ataque se vio envuelto un funcionario llamado Arne Aus den Ruthen, cuyo trabajo consiste en identificar los problemas de recolección de basura, alumbrado público en mal estado y otras cuestiones similares. También denuncia las violaciones al Reglamento de Tránsito en tiempo real a través de la web.

Eso hizo el 10 de febrero pasado. Grabó a cuatro “guaruras” que habían estacionado sus autos en la banqueta. Ellos llamaron a su jefe –un empresario de los medios de comunicación relacionado con el Gobierno federal de nombre Raúl Libién– quien se enojó debido a que Arne Aus estaba poniendo en evidencia a sus empleados al violar el Reglamento de Tránsito.

“Déjame hablar con ese pendejo, dale mis coches para que se los meta por el culo”, expresó Libién por el altavoz del teléfono. Los policías se negaron a actuar, intimidados por los guardaespaldas.

Una semana después, Arne Aus aparentemente se encontró de nuevo al mismo grupo en un lugar donde no está permitido estacionar automóviles. Esta vez, los guardaespaldas lo atacaron y le quitaron su teléfono celular. Todo quedó grabado. El video pronto se hizo viral en las redes sociales. 

“No sólo soy yo, sino que todos los ciudadanos tienen miedo de ser atacados por guardaespaldas que no respetan la ley”, dijo Aus den Ruthen hace unas semanas. “La Policía no quiere actuar, por ello debemos seguir evidenciando este comportamiento”.

Se multiplican 17,000%

De acuerdo con una reciente investigación del portal de noticias Animal Político, el número de guardias privados de seguridad registrados ante el Gobierno federal ha crecido más de 17 mil por ciento en una década. Pasó de 419 elementos en 2005 a 73 mil 411 este año. Las empresas dedicadas a esta actividad también han crecido de manera impresionante. Había sólo 310 compañías privadas de seguridad registradas ante autoridades federales en 2013, ahora son mil 103. No obstante, los analistas aseguran que hay compañías que ni siquiera se conocen, por lo cual podría incrementar el número.

Animal Político cita las estimaciones de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), las cuales señalan que podría haber entre 250 mil y 600 mil guardaespaldas clandestinos, y cerca de 8 mil o 9 mil compañías de seguridad privada no registradas.

Todas estas empresas trabajan sin ningún tipo de control. Incluso las que están registradas no tienen una regulación adecuada.

No hay requerimientos en las compañías para checar récords criminales de las personas que contratan, o para realizar exámenes para detectar drogas. Por el contrario, la AMESP se queja que las empresas formales se enfrentan a trámites de registro largos y burocráticos.

Los intentos para una adecuada regulación no han llegado muy lejos. Una propuesta de Ley Federal de Seguridad Privada se ha quedado en el senado. El Alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio pocos detalles y ninguna cifra cuando prometió –en medio del caso Aus den Ruthen– regulaciones para que los guardaespaldas y sus vehículos fueran fáciles de identificar. (Agencias).

Registro, lento y costoso

Para que una empresa de seguridad privada, junto con sus elementos, sea considerada como legalmente regularizada, debe estar inscrita en el registro de la Dirección General de Seguridad Privada de Gobernación. Es un trámite que además debe renovarse cada año.

Aunque el número de compañías regularizadas en dicho padrón ha crecido de forma significativa, es superior el número de empresas que operan en la clandestinidad, según lo dicho por el presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada, Arnulfo Garibo Ramírez. En consecuencia no hay un padrón confiable de todos los agentes.

De acuerdo con Garibo Ramírez, muchas de las compañías “irregulares” en realidad sí tienen un acta constitutiva, están dadas de alta ante la Secretaría de Economía y cubren el seguro social de sus elementos, pero carecen del permiso oficial de Gobernación o de las secretarías de seguridad de los estados.

“Esto pasa porque es un trámite que como está actualmente es engorroso en cuanto al tiempo que lleva y al dinero que hay que desembolsar. Nosotros hemos calculado que son unos 50 mil pesos al año lo que hay que desembolsar para cumplir con el mismo y hay compañías, sobre todo las chicas, que no pueden hacerlo”, explicó.

Según Garibo, la referida cantidad obedece a que hay que pagar a un “gestor” para que agilice el trámite además de lo que se tiene que invertir en cuanto a la actualización de manuales de operación y capacitación, las copias certificadas, y demás. (Animal Político).

Mata escolta de diputada a sus cuñadas

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos por el escolta de la diputada local del PRI, Beatriz Vicera Alatriste, luego de que discutieran por una herencia, en su casa en la colonia Morelos, de Jiutepec.

Las occisas son las hermanas Malina y Sandra Muñoz Álvarez, de 40 y 39 años, quienes fallecieron debido a los disparos que recibieron.

Derivado del ataque fue lesionada Meritzi Alondra, de 14 años, quien fue trasladada al IMSS, en donde la reportan grave de salud.

Según autoridades, desde el mediodía Malina y Sandra comenzaron a discutir por una herencia con su hermana Leticia, de 41 años, y su esposo Noé Adán Rosales, de 53.

A las 15:30 horas, al parecer la discusión subió de tono en la vivienda y Noé, escolta de la diputada priista, sacó su pistola y abrió fuego en contra de sus cuñadas y su sobrina.

En el patio de la casa quedaron tendidas sin vida Malina y Sandra, mientras que la menor resultó malherida de un disparo en la cabeza, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital del IMSS.

“Te lo dijimos Lety, mataron a tus hermanas de sangre por un pinche hombre y tú no hiciste nada”, le gritaban familiares a Leticia.

El resto de la familia de las occisas señaló al escolta de la diputada como el responsable del crimen, quien escapó tras asesinar a sus cuñadas. (Agencias).