Morena y sus satélites (Verde y PT) obtuvieron en las elecciones de junio casi los mismos votos con los que el PRI, y seis de los suyos, ganaron la gubernatura en 2017. Esto supone un riesgo mayúsculo para los tricolores en 2023, una oportunidad para el movimiento guinda, y la posibilidad de lograr la primera alternancia en un estado gobernado por el PRI desde 1929, cuando Nazario Ortiz Garza se impuso a Vito Alessio Robles, del Partido Nacional Antirreeleccionista, entre acusaciones de fraude.

Coahuila estuvo a un paso de cambiar de partido hace cuatro años, pero la maquinaria del estado terminó por imponerse con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, en el límite de la fecha constitucional, validó la elección impugnada.

Cuarenta mil votos separaron al PAN del Palacio de Gobierno. Hoy es un espectro. Morena acaba de romper la hegemonía del PRI en Campeche y Colima. En esa tesitura, el priismo deberá sondar una alianza con Acción Nacional para conservar Coahuila. En los comicios de este año, el panismo decidió no participar con el PRI y el PRD en la coalición Va por México, por agravios históricos y elemental congruencia.

Desbancado por Morena como primera fuerza opositora, el partido azul se halla en un callejón sin salida. Perder Torreón y desplomarse en Saltillo representa un retroceso y lo aleja de la gubernatura. Si el PRI se alínea al presidente López Obrador, como parece, el PAN podría recuperar a los votantes que le volvieron la espalda.

La votación estatal del PAN cayó en picada el 6 de junio, cuando solo captó 164 mil. Para tener una idea del fracaso, en las elecciones municipales previas, Jorge Zermeño ganó la Alcaldía de Torreón con 152 mil. En cambio, la base electoral de Morena creció a 479 mil votos, junto con los del Verde y el Partido del Trabajo. El PRI subió a 531 mil. Estos números prefiguran una competencia cerrada por la gubernatura entre los partidos del presidente López Obrador y del gobernador Riquelme Solís, en 2023.

La sucesión estatal la decidirán varios factores: 1) la fuerza o debilidad del Presidente y el gobernador; 2) el desarrollo y orientación política de movimientos emergentes provocados por la crisis del sistema de pensiones, origen del plantón de maestros y colectivos frente al Palacio de Gobierno; 3) el curso de las denuncias contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira por la megadeuda y su presunto enriquecimiento inexplicable, presentadas por el diputado Rodolfo Walss (PAN) ante la Unidad de Inteligencia Financiera; y 4) las coaliciones y el perfil de los candidatos.

Las elecciones de 2017 fueron una pesadilla para el PRI. Miguel Riquelme, postulado también por el Verde Ecologista, Nueva Alianza y los partidos locales Socialdemócrata Independiente, Joven –apadrinado por el exgobernador Humberto Moreira– de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular (ya desaparecidos), ganó apenas por un margen de 2.5 puntos porcentuales.

Ante la falta de castigo en los tribunales por la megadeuda, las empresas fantasma y los años de terror en el “moreirato”, la ciudadanía enjuició al PRI en las urnas. Cuando el triunfo del priista se tambaleaba y la presión para anularlo subía de tono, el presidente Peña Nieto mandó al TEPJF una señal inequívoca: recibió a Riquelme Solís en Los Pinos. Hoy los actores y las circunstancias son otros. El PRI es un partido marginal, gobierna cuatro estados; y Morena, la nueva aplanadora, 17.

(Nota: Agradezco a Luis Fernando Chávez la observación sobre el monto del “moreirazo”. La deuda es de 40 mil millones de pesos, no de 40 millones como escribí el viernes en la columna, Isla de Impunidad. Celebro que haya votado también por el “Sí” en la consulta del domingo).