El 9 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, se reunió con Evaristo Lenin Pérez y Tania Vanessa Flores Guerra, esta última alcaldesa electa de Morena en el municipio de Múzquiz, en su oficina de la Ciudad de México. “Conversamos sobre Coahuila y el combate a la corrupción”, informó a través de su cuenta de Twitter el funcionario federal, quien acompañó la publicación con una fotografía de ellos.

Ese mismo día, entrevistado por separado, Santiago Nieto declaró a los medios de comunicación: “si bajo nuestra óptica hay un tema de lavado de dinero, por supuesto lo denunciaremos ante las instancias correspondientes; si hay empresas fachada, haremos lo mismo”.

Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo.

Actualizado al 2 de julio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió su más reciente listado de empresas que facturan operaciones simuladas a través de la emisión de comprobantes fiscales; factureras, pues, entre las que destacan 13 personas morales de la Región Carbonífera de la entidad cuyo objeto social es la explotación de carbón mineral:

Minera Carbonífera El Hueco (Sabinas), Minera Carbonífera La Gloria (Sabinas), Minera Carbonífera Migaju (Sabinas), Minera Carbonífera La Misión (Sabinas), Minera Carbonífera El Nido (Sabinas), Minera Carbonífera La Querencia (Sabinas), Minera Díaz (Múzquiz), Operadora de Minerales La Generala (Sabinas), Grupo Minera La Gotera (Sabinas), Minera Carsaagu (Sabinas), Minera Cero (Sabinas), Minera Carbonífera Payán (Sabinas) y Compañía Minera El Crisol (Torreón).

Dos de ellas fueron clasificadas en 2016, una en 2017, cinco en 2018 y cinco más en 2019. Pero aquí viene lo interesante: Minera Don Chilo, S.A. de C.V., de la familia de Tania Flores, al ser propiedad de su padre y hermano, también fue incluida por el SAT en la lista definitiva de “contribuyentes con operaciones inexistentes” el 19 de febrero de 2016.

Inclusive la determinación se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de junio de 2016 con el objetivo de que “la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones y que, no obstante estar debidamente notificados, no comparecieron a deducir sus derechos ante la propia autoridad fiscal”. Lo anterior “toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes”, en palabras del entonces administrador central de Fiscalización Estratégica, Francisco Hugolino Cruz Ortiz, como consta en el oficio 500-05-2016-15936 publicado en el DOF.

El Artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dice que “cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.

¿Qué ha hecho entonces en consecuencia el Gobierno de la autodenominada cuarta transformación?

Muy sencillo: beneficiar abiertamente a la misma familia evidenciada por el SAT, pero ahora mediante otra sociedad mercantil constituida el 19 de febrero de 2015: Minerales Don Chilo, S.A. de C.V., del mismo socio señalado por facturación de operaciones inexistentes, Antonio Flores Guerra. Un total de 255 millones de pesos le fueron adjudicados directamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el pasado 3 de mayo, en plena campaña electoral de su hermana, Tania, por concepto de “carbón térmico no coquizable”.

Cabe señalar que, según archivos de la asociación civil Transparencia Mexicana (quien fungía como testigo social y monitoreo de procesos de licitación pública en compras de CFE) Minerales Don Chilo había sido rechazada en el pasado (2015, antes de que la 4T llegase al poder) por no presentar, entre otros requisitos fundamentales, “documento vigente expedido por el SAT en el que se emite opinión favorable sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa”, y “no acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de la empresa”.

¿Por qué si el resto de propietarios fueron condenados al ostracismo, la familia Flores ha sido la única favorecida con contratos millonarios entre las factureras señaladas de la Carbonífera?

Cortita y al pie
A otra empresa, Carbonífera La Gloria, S.A. de C.V., de Oscar Luis Fuentes Yáñez, le fue adjudicado por CFE un contrato en 2019 vía la intermediación de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) pese a que su sucedáneo, Minera Carbonífera La Gloria, del mismo dueño, había sido enlistada por el SAT en la lista definitiva de contribuyentes con operaciones inexistentes ese mismo año. ¿No hay en todo el organigrama de la CFE alguien que revise esos “detalles”?

La última y nos vamos
Tania Flores Guerra es alcaldesa electa por Morena (2022-2024), sin embargo, diputada local plurinominal por UDC (2021-2023). ¿Qué hacía exactamente en la UIF la semana pasada?

¿Al órgano favorito para acalambrar opositores y adversarios de la 4T, otrora uno de los más respetados dentro del Gabinete ampliado, lo atrapó ya la política electoral y la justicia
selectiva?