De acuerdo al diario español El País, un elemento que aceptó confesar sobre el ataque armado fue condenado solo por abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones.

Como se recordará, en el 2021, la Fiscalía General del estado de Tamaulipas informó el 23 de enero de ese año sobre el hallazgo de dos camionetas calcinadas, una de ellas con 19 cadáveres en el interior, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo, fronterizo con Texas y el estado de Nuevo León.

El Ministerio Público estatal abrió una investigación, según la cual las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego y posteriormente calcinadas.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció a inicios de febrero del 2021 que 12 agentes de la policía estatal fueron capturados por su probable participación en el crimen y acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes.

“ No se encontraron casquillos en el lugar donde estaban incinerados, pudo haber una alteración de la escena del crimen”, comentó a Efe el portavoz de Seguridad, quien añadió que hubo “contradicciones” en las versiones de los policías.

Los cárteles cooptaron a tantas fuerzas de la policía municipal en Tamaulipas que el estado decidió disolverlas a todas y confiar más en agentes de la policía estatal, que están mejor adiestrados. Cuando el gobierno federal retiró a infantes de Marina, que solían proporcionar gran parte del apoyo con armas de alto poder a las fuerzas policiales en el estado, alentó al gobierno estatal a crear unidades de élite como el GOPES.

La reputación del GOPES, desaparecido por el gobierno de Américo Villarreal, era tan temible que el gobierno de Estados Unidos, que adiestró a algunos de sus elementos, buscó distanciarse de esa corporación, a la que se refería tanto por sus iniciales previas de CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas), como por su nombre posterior, GOPES.

La embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo que tres de los 12 agentes acusados de la masacre de migrantes “recibieron adiestramiento básico y/o adiestramiento de supervisor de primera línea” mediante un programa del Departamento de Estado antes de que los asignaran a la corporación especial.

Un documento informativo de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) deja entrever que el cártel dominante estaba activo en la zona a finales de enero de 2021, con la intención de asesinar a una figura prominente del cártel contrario, cuando se topó con los migrantes. Algunas personas creen que sicarios del Cártel del Noreste podrían haber participado en la masacre, o al menos incendiado la camioneta y los cadáveres posteriormente para perjudicar las actividades del grupo criminal.

Hay un punto en el que todos están de acuerdo: Los cadáveres estaban tan calcinados que en el curso normal de las investigaciones podrían no haber sido identificados nunca y habérseles sepultado y olvidado como posibles participantes de un enfrentamiento más entre cárteles.

Sin embargo, el GOPES no sabía que la camioneta formaba parte de una caravana mayor de vehículos que transportaba a migrantes, incluido un guatemalteco traficante de migrantes que conocía a todas las víctimas. Él fue quien avisó de la masacre a sus familias en sus países de origen, y los parientes hicieron pública la noticia.