Nacional
Publicado el martes, 20 de octubre del 2026 a las 10:30
Saltillo, Coah.- La preocupación por la privacidad residencial crece ante los sobrevuelos de drones. Aunque estos dispositivos pueden captar imágenes desde el aire, destruirlos o interferir con su funcionamiento no es una solución legal para los ciudadanos.
El uso de drones en México ha abierto un debate sobre los límites de la vigilancia aérea y el derecho a la privacidad. En distintas zonas residenciales, los sobrevuelos de estos dispositivos generan inquietud entre vecinos que temen ser grabados dentro de sus viviendas, sin saber quién los opera ni con qué propósito.
De acuerdo con el artículo de GoDron sobre la normativa para el uso de drones en México, la operación de estas aeronaves está regulada por disposiciones federales, entre ellas la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, que establece los requisitos para operar Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano.
Sin embargo, la preocupación por las grabaciones y la vigilancia no autoriza a los particulares a derribar estas aeronaves. La respuesta ante un posible abuso debe canalizarse mediante las autoridades competentes.
Uno de los principales riesgos asociados con los drones equipados con cámaras es la posibilidad de captar imágenes de personas en espacios donde esperan privacidad, como el interior de sus casas, patios o terrazas.
La normativa aeronáutica establece que el operador es responsable del uso de la información obtenida durante los vuelos y debe respetar las leyes y disposiciones relacionadas con la protección de la privacidad, la seguridad pública y la propiedad intelectual.
Por ello, el hecho de contar con un dron y tener autorización para volarlo no significa que su propietario pueda grabar indiscriminadamente a otras personas.
La legalidad de una grabación depende de las circunstancias, el tipo de información captada, su utilización y las disposiciones aplicables. Una grabación que afecte la intimidad de una persona podría dar lugar a responsabilidades, aunque la existencia de una infracción debe determinarse conforme a la legislación correspondiente.
La preocupación por la privacidad ha generado dudas sobre la posibilidad de destruir un dron que sobrevuele una propiedad particular. No obstante, de acuerdo con la información consultada, no se identifica una autorización general para que los habitantes derriben estas aeronaves por cuenta propia con el argumento de proteger su intimidad.
El espacio aéreo mexicano se encuentra sujeto a regulación federal, por lo que las decisiones relacionadas con la operación de aeronaves no tripuladas deben distinguirse de las medidas de protección que puede adoptar un propietario dentro de su inmueble.
Derribar, golpear o dañar un dron ajeno puede ocasionar consecuencias legales, incluidas posibles responsabilidades por daños a la propiedad y, según las circunstancias, otras conductas previstas en la legislación aplicable.
En consecuencia, ante un dron que realiza sobrevuelos sospechosos o aparentemente graba una vivienda, lo recomendable es documentar los hechos sin ponerse en riesgo y presentar un reporte ante las autoridades competentes, en lugar de intentar destruirlo o interferir con su señal.
La discusión sobre los drones también se relaciona con las medidas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, las acciones de las autoridades en ese territorio no deben confundirse con un supuesto derecho de los ciudadanos a derribar dispositivos que sobrevuelen sus casas.
El 19 de octubre de 2026, el medio especializado Segurilatam informó que el Gobierno estadounidense anunció nuevas restricciones temporales para los vuelos de drones en una franja de una milla náutica —aproximadamente 1.85 kilómetros— hacia el interior de su territorio a lo largo de la frontera con México.
La medida contempla restricciones a las operaciones no autorizadas y la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses derriben drones que representen una amenaza para su soberanía y seguridad.
Estas disposiciones corresponden a Estados Unidos y no constituyen una autorización para que los habitantes de estados fronterizos mexicanos, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, derriben drones por motivos de privacidad.
Otro escenario es el de las operaciones oficiales contra drones presuntamente utilizados por grupos delictivos para vigilar a las autoridades, transportar objetos o realizar actividades ilícitas.
En estos casos, las acciones de detección, intercepción o inhabilitación corresponden a las autoridades competentes y responden a objetivos de seguridad nacional, no a una autorización general para que cualquier persona neutralice un dron.
Por ello, es importante diferenciar las operaciones gubernamentales en contextos de seguridad de los conflictos entre particulares derivados de sobrevuelos en zonas residenciales.
Ante la presencia reiterada de un dron cerca de una vivienda, existen medidas que permiten documentar el incidente sin poner en riesgo a las personas ni dañar el equipo:
Registrar los hechos: anotar fecha, hora, duración y lugar de los sobrevuelos, además de conservar fotografías o videos obtenidos de manera segura.
Evitar confrontaciones: no lanzar objetos, disparar, golpear el dispositivo ni utilizar inhibidores de señal.
Presentar una denuncia o reporte: acudir a las autoridades de seguridad pública y, cuando corresponda, a la autoridad aeronáutica.
Explicar la posible afectación a la intimidad: describir si el dron apunta directamente hacia ventanas, patios o espacios privados, o si los sobrevuelos son reiterados.
Conservar las evidencias: guardar los registros originales y cualquier información que ayude a identificar al operador, sin difundir datos personales de terceros de manera indiscriminada.
Los drones ofrecen beneficios en fotografía, inspección de infraestructura, actividades comerciales y vigilancia autorizada. No obstante, su uso también exige responsabilidad y respeto a los derechos de terceros.
La NOM-107-SCT3-2019 establece obligaciones para los operadores y contempla restricciones destinadas a reducir riesgos durante los vuelos. Entre ellas se encuentran mantener la aeronave a la vista, respetar los límites de operación y evitar maniobras negligentes o temerarias.
El reto consiste en garantizar que la tecnología se utilice sin poner en riesgo la seguridad ni vulnerar la privacidad de las personas.
La presencia de un dron sobre una vivienda no concede automáticamente el derecho a derribarlo. Si existe sospecha de vigilancia indebida, la vía adecuada es documentar los hechos y recurrir a las autoridades para que determinen si hubo una infracción.
Tras varios reportes de sobrevuelos de drones sospechosos en zonas habitaciones de la capital de Coahuila, autoridades trabajan en conjunto con vecinos de las residencias para localizar y tumbar drones no autorizados en la zona. Esta medida sería pionera en México, pues no hay reporte que en otros estados se utilice herramienta especializada para atender este tipo de casos.
“Es un equipo muy importante para nuestra Comisaría porque nos va a dar la posibilidad de monitorear si hay drones en algunos sectores de nuestro municipio, ya sea en las comunidades rurales o dentro de la mancha urbana; y de ser necesario tumbar esos drones, ver de quiénes son. Se trata de un equipo bastante caro, de más de un millón de pesos. Emite una frecuencia que tumba el dron. Seguimos trabajando, garantizando la paz, la tranquilidad y la seguridad de los saltillenses”, expuso el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.
El equipo consta de un dispositivo portátil de alta tecnología Etmán, diseñado para la detección y alerta de drones en áreas restringidas. Su función nativa de fábrica se enfoca en el monitoreo pasivo y localización por radiofrecuencia.
El sistema se complementa con el rifle antidrones o fusil inhibidor, que también es un dispositivo portátil que emite ondas electromagnéticas y señales de radio para bloquear la comunicación entre un dron y su operador.
Con información de Arturo Estrada
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