Ciudad de México.- En una nueva incursión al Rancho Izaguirre, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en compañía de peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el hallazgo de nuevas fosas clandestinas y múltiples restos óseos.

En entrevista con Milenio, Indira Navarro, líder del colectivo, detalló que hasta el momento se ha explorado aproximadamente el 75% de la superficie del terreno, realizando excavaciones de hasta 1.80 metros de profundidad.

Entre la tierra removida no solo han aparecido huesos, sino también mochilas, calzado, prendas de vestir e incluso envases de alimento para bebé, indicios que retratan la vulnerabilidad de las posibles víctimas.

Según las activistas, a partir de las prendas localizadas en el lugar, la FGR ha logrado aislar 98 perfiles genéticos, lo que representa una vía clave para la identificación de posibles víctimas en una entidad que supera las 15 mil personas desaparecidas.

“ Hay más, mucho más a lo que se ha localizado, muchos más restos, más avances y también más órdenes de aprensión. Salieron más línea de investigación, hay más órdenes de aprensión, se hicieron más cateos”, señaló Navarro.

A su declaración se suma Norma Lorena Cabrera, madre buscadora, quien confirmó que se encontraron fosas donde antes se habían detectado indicios, “entonces esto va a seguir, están haciendo calas, y esto va para largo tiempo esto va a seguir aquí en la búsqueda”.

Señaló que se quedan al pendiente cuando haya otro cateo y un reingreso junto con el personal de la FGR, que se llevó los restos humanos a la Ciudad de México, aunque no se especificó cantidad ni características de lo localizado.

Realizarán más pruebas de ADN

Cabrera anunció que próximamente se organizará una brigada para que los familiares que hayan reconocido prendas a través de las fotografías puedan someterse a pruebas de ADN, acelerando así el proceso para reclamar a los suyos. Los restos óseos recuperados en esta última jornada ya fueron trasladados a la Ciudad de México para su análisis.

¿Qué ha pasado en el Rancho Izaguirre?

Ha pasado más de un año desde que las imágenes del Rancho Izaguirre le dieron la vuelta al mundo. Cerros de ropa apilada, cientos de zapatos abandonados y hornos crematorios artesanales revelaron la existencia de un auténtico “campo de exterminio” a solo una hora de Guadalajara.

El predio operó durante meses como lugar de reclutamiento forzado bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El infierno del Rancho Izaguirre

El modus operandi del crimen organizado se alimentaba de la necesidad. Los cárteles atraían a jóvenes de distintas regiones del occidente del país mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales. Les prometían puestos como guardias de seguridad privada o peones de albañilería.

De acuerdo con testimonios de familiares y sobrevivientes, una vez que las víctimas llegaban al punto de encuentro, eran secuestradas y trasladadas al Rancho Izaguirre. El predio estaba acondicionado con zonas de entrenamiento táctico; ahí, los jóvenes eran forzados a integrarse a las filas del cártel como sicarios. Quienes se negaban a cooperar, intentaban escapar o “no servían” para el combate, enfrentaban torturas sistemáticas y, finalmente, eran asesinados.

El descubrimiento y la “limpieza” oficial

Aunque se documentó que autoridades de Jalisco y la Guardia Nacional tuvieron conocimiento del predio desde finales de 2024, el lugar fue prácticamente abandonado por las instituciones.

Fue hasta los primeros meses de 2025 que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, guiado por llamadas anónimas, ingresó al sitio y encontraron libretas con apodos, fotos, biblias, mensajes desesperados a las familias y fragmentos óseos calcinados que parecían piedras.

Los colectivos denunciaron que la Fiscalía del Estado de Jalisco manipuló la escena antes de que se hiciera pública: lavaron manchas de sangre en los baños y pintaron paredes para borrar las huellas de la masacre.

La complicidad escaló hasta la cúpula política municipal. Las investigaciones federales derivaron en la detención de más de 40 personas, destacando la captura de José Ascensión Murguía Santiago, entonces alcalde de Teuchitlán, acusado de usar patrullas y policías municipales para proteger el predio criminal e impedir la huida de las víctimas.

Ante las graves omisiones estatales y la presión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso en marzo de 2025.