Ciudad de México.- El huachicol de agua o aguachicol es un problema persistente en México, pues casi 300 pozos clandestinos extraen agua de manera irregular en México y, a pesar de que se ha conseguido identificarlos, la mayoría sigue operando e incluso hubo algunos a los que ni siquiera se les aplicó una sanción considerable, por lo que su permanencia es advertida como un obstáculo para el cumplimiento del Plan Nacional Hídrico puesto en marcha en la actual administración y en el que además estos puntos ni siquiera son considerados.

Se trata de 292 pozos que han podido ser localizados en 24 de las 32 entidades federativas, y las regiones centro y norte son las más afectadas por esta práctica, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

El organismo apunta que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 no identifica riesgos ni jerarquizaciones con claridad, por lo que se vaticina que su eficiencia y cumplimiento de ejes podrían complicarse, ya que además de no identificar los pozos ilegales como un objetivo pendiente de atender para mejorar la suficiencia del agua, se subraya que tampoco hay observaciones sobre la variabilidad en el cambio climático y la deficiente planeación urbana y rural.

Y es que aun cuando los pozos clandestinos han sido localizados, no todos han sido clausurados. Según el informe de Igavim, 117 de los 292 pozos o puntos de aguachicol, es decir, 40 por ciento, fueron clausurados; el resto, 175, recibieron sanciones administrativas o multas económicas, pero siguen activos.

Los estados con más puntos de tomas clandestinas para la extracción de agua son Guanajuato, con 62; Chihuahua, con 31; Morelos, 24; Coahuila, 23, y Puebla, con 20.

En las entidades donde los reportes no arrojaron dato alguno fueron Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Quintana Roo y Tabasco.

Las multas más elevadas aplicadas mostradas en el informe, al menos en el 2024, fueron por 423 mil pesos a pozos en Monclova, que le da uso pecuario a la extracción del agua; otra en San Martín, Nuevo León, con el mismo giro; a otros dos en San Lorenzo Cacaotepec, en Oaxaca, para el uso agrícola, así como en Santa Lucía del Camino, San Agustín Yatareni, Tlalixtac de Cabrera e Ixtepec, entre otros, por uso de servicios.

Juan José Hernández, director del Igavim, advirtió que la falta de un plan para hacerle frente a los pozos clandestinos podría ser una limitante en el proyecto que se emprendió en este nuevo sexenio para recuperar caudales, enfrentar la crisis hídrica que se ha tenido y mejorar el abastecimiento de un recurso esencial, como es el agua.

Además, refirió que esto no define la situación de clandestinidad en la extracción del agua, porque los pozos hallados son apenas los que se han podido ver, pero habrá otros que sigan en operación y no se les ha identificado.

A esto, sumó que los reportes de las mismas autoridades tampoco permiten saber cuál es el volumen que se ha extraído de estos puntos.

“ Toda la gestión hídrica involucra este proceso. Si a esto, por lo menos dentro del plan, tú no eficientas tu infraestructura para minimizar las fugas, y a esto le sumas que la sobreexplotación deriva también de pozos clandestinos que no se ven, o bueno, que por lo menos no los tienes considerados en el plan, éste va a quedar muy limitado porque solamente te estás basando en lo que tú ya autorizaste de acuerdo a lo que tú consideras que era conveniente para ese sector agrícola, público, urbano e industrial, comercial. Eso es lo que engloba la gestión hídrica y lo que debería de tener el plan que, bueno, por lo menos de ahí, no se tiene”, señaló. 

Refirió como condición que se debe evaluar en este problema que el recurrir a pozos clandestinos resulta una alternativa ante el estrés hídrico que se enfrenta en algunas regiones.

Ejemplificó que esta circunstancia no se refiere únicamente a perforaciones exclusivas para la extracción irregular y exclusiva del recurso hídrico, sino que hay contextos en donde negocios o estaciones de diversos servicios obtienen autorizaciones para el uso del agua, como pudiera ser una lavandería, pero al llegar a un momento en que el líquido les es insuficiente, entonces proceden a sacar una cantidad mayor a la que tienen autorizado.

“ Al final del día, todos los giros llevan una serie de requisitos, pero en la parte del agua, si no existe, si no se puede visualizar, difícilmente vas a poder monitorear, y si tú no monitoreas, no podrás identificar la sobreexplotación”, insistió. 

De esta forma, recalcó que las acciones desde la Federación no deben ir únicamente por acuerdos para que empresas y sectores “devuelvan” parte de las concesiones que tienen, sino también especificar cómo se combatirá a los pozos clandestinos.
Con información de La Razón