Ciudad de México.- Ante las críticas de la comunidad científica hacia la propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), Conacyt ha defendido en dos ocasiones la iniciativa, argumentando que se consultó a personas e instituciones que integran a la comunidad científica y académica para su diseño. Al respecto, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C. (ADIAT) informa en un comunicado que sí hubo dicha consulta, pero que no se consideraron las sugerencias. 

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Es verdad que hubo una consulta organizada por el Conacyt en la que la ADIAT formó parte de varios grupos de trabajo en la materia, mismos que invirtieron muchas semanas de reflexiones y análisis; sin embargo, en el documento final no se consideraron ninguna de las sugerencias emitidas por nosotros y por expertos de las principales instituciones académicas, científicas y tecnológicas del país”, se lee en el documento.

La ADIAT dice sumarse a “las múltiples voces del sector de ciencia, tecnología e innovación que se han pronunciado” para “oponerse rotundamente” a que se apruebe esta Ley en el Congreso de la Unión. 

La razón por la que esta asociación se opone a la propuesta de Ley de Ciencia es porque considera que podría “desmantelar todos los órganos y mecanismos de gobernanza de nuestro Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), al ser sometidos a un nuevo ente sin contrapesos”. 

Indican que la propuesta de Ley HCTI es que “someterá todas las decisiones a un Consejo General y a un nuevo Conacyt subordinados al titular del Ejecutivo, desapareciendo los órganos consultivos y las comisiones revisoras”, por lo que la Asociación señala que “la ciencia y la tecnología no deben transformarse con base en una postura ideológica de Estado”.

La Asociación explica que la Ley HCTI también es ambigua e inconstitucional por decir que “’todas las personas tienen un derecho a la ciencia’ sin exponer alcances ni resultados tangibles”, además elimina la meta de asignar el 1% del Producto Interno Bruto a la ciencia, tecnología e innovación, “dejándonos fuera de las recomendaciones de la OCDE para ser competitivos”. 

Este grupo señala que México es una nación joven con respecto al desarrollo científico y tecnológico, por lo que de aprobar esta Ley “estaríamos condenados a un atraso sin precedente que impactará a las generaciones actuales y futuras”. 

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Desde nuestra perspectiva, es imperante que una Ley como esta se modernice y se generen nuevos mecanismos y poderes. Pero ¿qué objetivo tiene que sea el Estado quién defina las líneas que deben seguir las investigaciones? ¿Dónde queda la libertad de investigación? ¿hacia dónde avanzará México con esta nueva manera de hacer ciencia? ¿Cuál es el presupuesto asignado para tal fin?”, cuestiona la ADIAT.

Piden que se genere un diálogo constructivo en el que, “por el bien de México”, las partes interesadas intervengan. 

En las últimas semanas, científicos, academias y asociaciones han expresado su oposición a la propuesta de Ley HCTI, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de diciembre, ante la Cámara de Diputados. 

La Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería de México y la Academia Nacional de Medicina y los más de 2 mil científicos, académicos e investigadores que firmaron una carta, son algunos de los que han protestado hasta ahora. 

Por su parte, el Conacyt ha publicado dos comunicados para defender esta propuesta de Ley, acusando que existe una campaña de “mentiras y desprestigio” en su contra. Aunque hay una peculiaridad, en el primer documento -publicado el 5 de enero- el Consejo argumenta que para esta iniciativa se realizó un consenso con la comunidad científica, en el que participaron “más de 60 mil personas e instituciones”; sin embargo, en el segundo comunicado, publicado el 11 de enero, señala que “participaron más de 70 mil personas e instituciones”.