Ciudad de México.- Los abogados de la Cámara de Diputados interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional contra el acuerdo que emitió el Congreso de Tamaulipas sobre la homologación de atribuciones para emitir declaración de procedencia.

También contra los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación, debido a que invaden atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en el procedimiento de declaración de procedencia.

Dicha demanda fue signada por la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados.

El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión del 25 de marzo, aprobó por 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones promover una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas, cuyo acuerdo podría ayudar al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que no deje el cargo y no sea puesto a disposición del Ministerio Público.

En el texto se argumenta que se violentan diversas disposiciones de la Constitución federal, al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.

También se señala que el Congreso de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, ya que ello implicaría dejar sin efecto el proceso substanciado ante la Cámara de Diputados.

Ello, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, con mucha claridad y sin interpretación alguna, que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son definitivas e inatacables, lo que implica que la resolución que en su momento emita la Cámara de Diputados en dichos procedimientos no acepta medio de impugnación.

En la demanda, se solicita que las y los ministros de la Suprema Corte otorguen la suspensión del acto reclamando, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo acuerdo.