Nuevo León.- El Congreso de Nuevo León pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la suspensión que le impide culminar su proceso de juicio político contra el Gobernador Samuel García (Movimiento Ciudadano), concedida el pasado 8 de julio por la Ministra María Estela Ríos.

En paralelo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la panista Itzel Castillo Almanza, también planteó al Pleno de la Corte desechar por improcedente la controversia constitucional 386/2026, de la cual derivó la suspensión.

La presidencia de la Corte notificó este lunes la admisión de sendos recursos de reclamación para impugnar los acuerdos tanto de admisión como de suspensión dictados por la Ministra Ríos, mismos que fueron turnados a su colega Sara Irene Herrerías, para que presente los proyectos de sentencia respectivos al Pleno.

No hay plazo para que Herrerías presente los proyectos. El Pleno puede confirmar, revocar o modificar los acuerdos iniciales que emitió Ríos, en su calidad de ponente de la controversia.

El Gobernador promovió la controversia a finales de junio para impugnar el procedimiento de juicio político iniciado por denuncia de Morena, por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

“De no concederse (la suspensión) en los términos precisados se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable. Además, con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su Titular”, afirmó la Ministra Ríos.

Cabe mencionar que, en la Corte, hay múltiples precedentes de situaciones similares en los que se frenó la posible destitución de Gobernadores por juicios políticos, pero está por verse cuál será la postura de la mayoría de Ministros y Ministras electos por voto popular en 2025.

El sexenio de García termina en octubre de 2027. Si el Pleno confirma la suspensión, es probable que estará protegido durante el resto de su mandato, pues la medida estaría vigente durante todo el tiempo que tome a la Corte resolver el fondo de la controversia.

La suspensión otorgada por la Ministra es adicional a la que García obtuvo mediante una demanda de amparo a título personal ante una jueza federal de Monterrey, que el 15 de julio ordenó a los diputados locales que “se abstengan de emitir el dictamen, resolución y/o acuerdo definitivo para que sea puesto a votación en el Pleno” del Congreso.

Esta suspensión será revisada por un tribunal colegiado, que también tomará algunos meses para resolver.