Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha recibido una iniciativa de reforma constitucional crucial para fortalecer el combate a la extorsión en México. La propuesta, que será analizada la próxima semana en comisiones de la Cámara de Diputados, busca homologar el tipo penal y las sanciones a nivel nacional, elevando la extorsión a la categoría de delito de alto impacto.

La enmienda constitucional facultaría a ambas cámaras del Congreso a expedir una ley general sobre extorsión. Esta legislación unificaría las penas, estableciendo como mínimo sanciones que superen los 12 años de prisión y los 600 mil pesos de multa, cifras por encima del promedio que actualmente contemplan los diversos códigos penales estatales.

La iniciativa presidencial subraya la obligación política, ética y social del Estado mexicano de reconocer la extorsión como un delito grave.

” Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”, detalla el documento.

Extorsión: Un Arma del Crimen Organizado y su Impacto Colectivo

La reforma propone modificar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para incluir la extorsión entre los delitos que facultan al Congreso a expedir leyes generales. Esto colocaría la extorsión al mismo nivel que el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la tortura.

La iniciativa resalta que la extorsión se ha convertido en un modus operandi recurrente de la delincuencia organizada para obtener ingresos económicos considerables, generando un impacto no solo individual, sino también colectivo.

Este ilícito se expande a diversos ámbitos, afectando a empresas, negocios y establecimientos, a quienes se les imponen condiciones de mercado mediante amenazas a comerciantes y empresarios.

Además, los grupos delictivos han llegado a amenazar a funcionarios públicos con el fin de coaccionar a las instituciones que representan, utilizando la extorsión como un medio para realizar otras conductas ilícitas al aprovecharse de los servicios públicos a cargo del Estado.

Alarmante Aumento de Casos y Plazo para Legislar

La propuesta legislativa también pone de manifiesto la grave incidencia del delito de extorsión. En 2018, se registró un promedio diario de 18.89 amenazas, cifra que escaló a 29.77 en enero de 2025, lo que representa un incremento del 57.62% en solo seis años.

Los estados más afectados por este delito son el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, que en conjunto concentraron el 61.8% de las víctimas en 2024 y en enero de 2025. Solo el Estado de México acumuló el 33.1% de los casos en el primer mes de este año.

En los artículos transitorios, la iniciativa otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para emitir la ley secundaria en esta materia.

Con información de EXCÉLSIOR