La detención de tres de los presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado, anunciada este miércoles por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, abre un resquicio para la justicia en un país donde la impunidad es la regla. Sin embargo, como advierte Édgar London en Espacio 4 (685), se ha hecho muy poco para garantizar y proteger el trabajo de un gremio amenazado por cumplir con el compromiso de informar y denunciar los abusos del poder político y criminal.

«Los periodistas en México continúan siendo blanco de ataques y la impunidad campea por sus fueros. No importa si la orden proviene del crimen organizado o del poder político. Los crímenes contra el gremio no se pagan. Si acaso pisan la cárcel chivos expiatorios o matones a sueldo. La apatía de los tres órdenes de Gobierno se maquilla con organismos desarticulados e ineficientes como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que no han podido contener las agresiones contra el gremio.

»Año tras año, la cifra de periodistas asesinados va en aumento y así crece también la frustración y el coraje de una sociedad harta de ver cómo las vidas se sustituyen por números. La muerte de un comunicador no afecta solo a la prensa, hiere la esencia misma de la democracia que encuentra en ellos los primeros defensores de la libertad de expresión y los garantes de la verdad que los poderes fácticos pretenden ocultar. Un Gobierno progresista como el que presume el presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a tomar las riendas del asunto y garantizar a toda costa que la labor informativa deje de ser, ya mismo, un ejercicio mortal.

»Nunca, en lo que va de siglo, México había alcanzado la cifra de cuatro periodistas asesinados en el primer mes del año. Con ellos, ya suman 29 en la Administración morenista. De mantenerse esta tendencia, el sexenio actual podría terminar con el de mayor número de comunicadores muertos desde el año 2000. La relación entre impunidad y corrupción en diferentes niveles de Gobierno, de la mano con los ataques perpetrados por el crimen organizado, conforma un contexto complejo de vulnerabilidad hacia quienes ejercen la libertad de expresión en el país y exige la implementación de medidas urgentes.

»Los atentados contra reporteros en México ponen en evidencia la necesidad de que el Estado ajuste y fortalezca cuanto antes sus mecanismos institucionales de protección a los profesionales de la información y añada nuevas políticas de seguridad tanto a escala federal, como en los estados y municipios. Según estadísticas de Artículo 19, de 2000 a la fecha se han documentado 149 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor informativa —137 hombres y 12 mujeres—. De estos, 48 corresponden al sexenio de Felipe Calderón, 47 a la administración de Enrique Peña Nieto y 29 al Gobierno de López Obrador, que apenas inicia su segunda mitad.

»En ese mismo lapso, Veracruz ha sido el estado más peligroso, con 31 crímenes. En buena medida a causa del fatídico paso de Javier Duarte por la Gubernatura —de 2010 a 2016— cuando se contabilizaron 18 periodistas asesinados. En Coahuila suman cinco: José Valdés, 2006; Valentín Valdés Espinosa, 2010; Daniel Martínez Bazaldúa, 2013; Juan Nelcio Espinoza, 2020; y Saúl Tijerina Rentería, 2021. No se trata solo de homicidios. Las agresiones también incluyen secuestros, desapariciones, agresiones físicas, amenazas, bloqueos informativos, estigmatización y campañas de desprestigio. En cualquiera de sus variantes el mensaje para los perpetradores siempre es el mismo: mientras exista impunidad, en México se puede agredir a un periodista sin pagar las consecuencias».