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Publicado el jueves, 19 de febrero del 2026 a las 17:37
Buenos Aires.– En un movimiento judicial que sacude los cimientos del fútbol argentino, la Justicia citó este jueves a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El dirigente está imputado por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y tributos, una causa que ya incluye la prohibición inmediata de su salida de Argentina.
La medida, dictada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, no solo alcanza a Tapia, sino que se extiende a la cúpula directiva de la entidad, incluyendo al tesorero Pablo Toviggino y al secretario general Cristian Malaspina.
La investigación se centra en una supuesta maniobra financiera que supera los $19.300 millones de pesos argentinos (aproximadamente 13.687 dólares). La querella, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), señala irregularidades en:
– Retenciones impositivas no depositadas.
– Aportes a la seguridad social de los trabajadores.
– Movimientos de fondos sin respaldo documental que podrían ocultar el destino real del dinero.
El magistrado justificó la restricción de viaje debido a la “gravedad de los hechos” y la severidad de la pena en expectativa, un golpe logístico crítico considerando que el Mundial 2026 inicia en menos de cuatro meses.
Los imputados deberán presentarse ante el juzgado en las siguientes fechas de marzo:
– 5 de marzo: Claudio Tapia.
– 6 de marzo: Pablo Toviggino (Tesorero) y Gustavo Roberto Lorenzo (Director General).
– 9 de marzo: Cristian Malaspina (Secretario General) y Víctor Blanco Rodríguez (Exsecretario).
Este proceso se suma a una serie de allanamientos realizados el pasado 30 de diciembre en sedes de la AFA por presunto lavado de dinero. Dicha causa investiga la relación contractual entre la entidad y TourProdEnter, una sociedad con sede en Florida, EU, encargada de los negocios comerciales de la selección en el exterior.
El avance judicial ocurre en el punto más álgido del conflicto entre el Gobierno Nacional y la AFA. La tensión se disparó tras el intento del Ejecutivo de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo al que Tapia y la mayoría de los clubes se oponen rotundamente, defendiendo el esquema actual de asociaciones civiles sin fines de lucro.
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